Los Primeros 100 Días de la 4T: Un Balance Necesario

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

En sus primeros 100 días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha modificado la forma de ejercer el poder desde la Presidencia. Ha implementado una política económica que privilegia el apoyo a los sectores más desprotegidos, con una reorientación del gasto público hacia la atención de los grupos más vulnerables de la sociedad y una fuerte austeridad gubernamental. Aun no se saben los resultados de estas medidas, pero el cambio en el gasto público es sustancial.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Hay gobierno, tengo las riendas del poder”, dejó en claro desde el inicio de sus conferencias matutinas (70, más cuatro extraordinarias por la explosión en Tlahuelilpan), con las cuales impone desde temprana hora la agenda política del acontecer nacional.

Se ha instaurado una Presidencia itinerante con 69 actos en giras con al menos 35 vuelos comerciales (32 con la prensa) –que representan alrededor de 14 mil millas recorridas– y más de 34 mil kilómetros de carretera –custodiado siempre, por un pequeño grupo de seguridad de corte civil, integrado por profesionistas de distintas ramas– y la realización de asambleas en plazas públicas en todos los estados, que ya le han dejado reclamos de parte de muchos gobernadores de oposición, al calificar dichos eventos como partidistas de MORENA y no del gobierno federal. Pero el ejecutivo no mete freno y parece que siempre está en campaña.

De igual forma, ha establecido una clara diferencia discursiva con el llamado periodo neoliberal, del que estuvieron a cargo el PRI y el PAN desde la perspectiva de su gobierno.

El propósito del presidente López Obrador, es muy sencillo y complejo a la vez, cumplir las 102 propuestas que planteó desde el inicio de su gestión, y que tienen como prioridad: a pueblos indígenas, jóvenes, adultos mayores, discapacitados en pobreza, campesinos, como parte de la población más necesitada. En este sentido, su primer acto oficial como mandatario de todos los mexicanos, fue firmar el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los principales pendientes de justicia de la administración pasada. Los resultados están por verse, pero la medida es acertada en un inicio.

Otro de los grandes logros del ejecutivo federal es su capacidad para conectar con el ciudadano promedio, hablar a las multitudes con un lenguaje popular que ha consolidado su cercanía con la gente, sin hacer a un lado el catálogo de calificativos que históricamente ha utilizado en contra de sus detractores –como conservadores, la derecha, neofascistas, tecnócratas, fifís, mezquinos, machuchones–, aunado al uso de un austero Jetta blanco. López Obrador se siente cercano a la gente y la gente lo percibe cercano a ellos. Sus niveles de popularidad han ido en aumento y se han ubicado por arriba del 70%.

Los ciudadanos en México tienen confianza en el rumbo económico del país y en la calidad moral de su presidente, aun cuando la opinión de la comentocracia nacional no va en el mismo sentido.

Así mismo, con mayoría en el Congreso Federal, el Presidente ha logrado la aprobación de cinco de las 12 reformas prioritarias establecidas desde los primeros días de su gobierno: ley de remuneraciones de Servidores Públicos para que ningún funcionario gane más que el Presidente; la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, prisión preventiva oficiosa por los delitos de corrupción, robo de combustible y fraude electoral, Ley de Egresos y Presupuesto 2019 y  el aumento al doble del salario mínimo en la frontera norte.

Por otro lado, los programas sociales, eje rector de su administración, no avanzan al ritmo que deberían. Contemplados ya en el presupuesto donde se han asignado partidas conjuntas por 300 mil millones de pesos para apoyos sociales, su instrumentación no avanza al ritmo de sus promesas por las complicaciones para concluir el Censo por el Bienestar, que llevan a cabo los llamados servidores de la nación, encargados de identificar, casa por casa, a los beneficiarios de ocho programas sociales estelares.

Por cierto, un problema de dicho censo no solamente es la falta de trasparencia en la rendición de cuentas acerca de la información de los servidores públicos que forman parte de esta política de gobierno sino, además, aún sigue sin hacerse pública la información técnica sobre la que descansa la metodología de implementación del ejercicio estadístico antes citado.

Pese a ello, el esquema de ayuda social ya establecido es el de la Pensión para Adultos Mayores, con más de ocho millones de beneficiarios –incluidos por primera vez jubilados y pensionados del IMSS, del ISSSTE y de otras instituciones– que ya reciben 2 mil 550 pesos bimestrales.

GRANDES RETOS AÚN  NO CRISTALIZADOS

López Obrador ha reconocido que no es fácil, terminar de echar andar todos los programas sociales –entre estos que alrededor de cuatro millones de estudiantes preparatorianos reciban beca y que todos los jóvenes que no tienen trabajo sean contratados–, porque no es fácil la instrumentación para que llegue el apoyo de manera directa. Con sus metáforas populares, el presidente de la república ha comentado públicamente, que lo más complejo de su administración, es mover al animal, -en alusión a los paquidérmicos y colosales ritmos- que se tienen en la operación gubernamental.

Esta situación por momentos se percibe, lo desquicia.

De igual manera, aún tiene pendiente por resolver el grave problema de la falta de atención médica, conforme al artículo cuarto constitucional. Su objetivo en este rubro será el de garantizar la gratuidad en la salud y no el cuadro básico.  Es decir, que cualquier persona en el país, tenga atención médica para cualquier padecimiento que sufra y que pueda acceder a todos los medicamentos para atenderlo. Ese es su compromiso de campaña.

El cálculo es que a mediados de año esté en marcha su plan de bienestar general colectivo, sobre todo en los hogares más pobres. Se dice, de acuerdo al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), German Martínez, que estos programas empezarán por los estados del país más rezagados. Así mismo, se ha dado a conocer que el sector salud, ha sido objeto de millonarias compras sobrevaluadas en detrimento del erario nacional. Por lo anterior, se planea centralizar las compras de todo el gobierno, tomando como referencia el modelo brasileño. Estos propósitos aun cuando son buenos, son imposibles de evaluar en cien días y quizás en algunos años.

En lo que se refiere a los temas de seguridad pública -en crisis desde hace casi una década-, se podría pensar que este será el punto de quiebre en el gobierno de López Obrador, por el viraje que ha tenido su discurso en el papel de las fuerzas armadas. Primero dijo que se regresarían todos los militares a sus cuarteles. Después, anunció la creación de la Guardia Nacional con mando castrense y, al final aceptaría el mando civil para este nuevo cuerpo de seguridad. En las semanas que están por venir, se promulgará la reforma constitucional, con el aval de la totalidad de los congresos locales. Para cien días de gobierno, estas medidas no son malas, pero hace falta mucho tiempo, quizás años para poder ver sus beneficios.

El ejecutivo federal desapareció el Estado Mayor Presidencial, para trasladar a sus efectivos a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual se está realizando sin reforma legal. Una medida que no ha inhibido el creciente protagonismo de las fuerzas armadas en el nuevo gobierno, al que se le ha conferido no sólo un papel central en la seguridad, sino también participar en la obra pública y administrar el nuevo aeropuerto que se ubicará en la base militar de Santa Lucía. Dichas medidas parecen ser más una acción emergente o coyuntural, que resultado de una planeación estratégica de gobierno.

PUNTOS NEGATIVOS O PENDIENTES

De acuerdo a la plataforma electoral del presidente Obrador, presentada durante su campaña y ante el Instituto Nacional Electoral, al ejecutivo se le pueden reclamar el cumplimiento de estas promesas:

  1. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los Cendis promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y Educación Pública.
  2. Los estudiantes de Primaria y Secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas.
  3. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior.
  4. Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades pueblos, científicos y empresas.
  5. Se cancelarán los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
  6. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
  7. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de los ciudadanos y de observadores de la ONU.
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