La Radiografía del Crimen en la Sustracción Ilegal de Combustibles

Artículo Invitado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

La noticia del robo de combustibles en México es ya un tema de la agenda nacional que no deja de acaparar reflectores en cualquier círculo de opinión en todos los rincones de la nación.

El combate frontal al huachicoleo, es todo un suceso de renovación institucional por dentro y por fuera de Petróleos Mexicanos, de eso ni duda cabe.

Pero en este mismo contexto, sería pertinente preguntarse, si la estrategia operativa y financiera en contra de los autores intelectuales y organizativos de esta modalidad delincuencial, es la acertada.

Por lo tanto, es pertinente contrastar el número de tomas clandestinas reportadas desde el año 2000 a PEMEX y sí, efectivamente (como lo ha referido el presidente de la república), es la carencia económica de los habitantes de estas regiones, el principal motivo para llevar a cabo dichas actividades ilícitas.

Como se dio a conocer en diferentes medios de comunicación, en respuesta a dicho fenómeno, el gobierno federal lanzó un plan de desarrollo para el bienestar social y económico en 91 municipios de nueve estados, lo que puede apreciarse como un cinturón geográfico de cientos de kilómetros, que va desde el estado de Veracruz hasta el de Jalisco.  Es decir, donde hay una mayor incidencia en el robo de combustibles de acuerdo a muchos especialistas que ya se han pronunciado al respecto.

Habría que recordar que, desde los años 2000 al 2018 se han registrado aumentos en tomas clandestinas hasta de 15 mil 900 por ciento en el caso de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y de 10 mil 900 por ciento en Silao, Guanajuato, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Ahora bien, dicha estrategia más allá de responder a una distribución geográfica uniforme y sin sentido (como se ha difundido en muchos medios de comunicación), pareciera apegarse más, a la circulación geoespacial (de los combustibles) y a la extracción (en grandes volúmenes) de los mismos.

Me permito explicar.

El presidente López Obrador ha simplificado la estrategia operativa para solucionar este problema. El método en sencillo. El combate en tierra va de la mano con la fluidez de los puntos de extracción ilegal de los combustibles, es decir, combatir con mayor énfasis y elementos policiales acompañados de las fuerzas del ejército nacional, los lugares donde existe una mayor incidencia de este delito y cerrar los puntos por donde se extraen los combustibles. Una vez sellados, se vigilan permanentemente.

Casi el 90% resultante de la extracción de las gasolinas, se da en los 6 ductos de Pemex (Tula-Toluca, Tula Salamanca, Salamanca-Morelia, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-Guadalajara y Tuxpan Azcapotzalco).

Sin embargo, el robo de combustibles ha logrado propagarse con mayor rapidez en otras zonas aledañas, debido a que las condiciones económicas de muchos municipios de otras entidades de la república mexicana, no han mejorado en sus niveles en el combate a la pobreza.

Al respecto, la lista de los 91 municipios ofrecida por diferentes medios de comunicación en un ejercicio de cruce de información (entre datos ofertados por el CONEVAL,  el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INFED) y la revista Serendipia, a través de datos solicitados a PEMEX), ha ofrecido información altamente productiva para ser considerada y analizada con el objetivo de  descartar o no, la relación entre pobreza y huachicoleo, así como un comparativo histórico entre las tomas clandestinas que había (y en su caso) que pudieran seguir existiendo en todos estos municipios (aquí la liga: https://infogram.com/341e331c-95b2-46b1-af1f-47e71b04652c).

La lista de los lugares antes citados es la siguiente:

CDMX (Alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero),

Guanajuato (Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Pueblo Nuevo, Silao, León Abasolo, Pénjamo, Salamanca, Valle de Santiago, Villagrán, Cortázar, Moroleón, Uriangato y Yuririra)

Hidalgo (Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, Tlahuelilpan, Pachuca, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Singuilucan, Tepeapulco, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Huichapan, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tula de Allende, Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Tulancingo de Hidalgo)

Jalisco (Guadalajara, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Tototlán, El Arenal, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Zaplotanejo y Zapopan)

Estado de México (Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocototitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Almoloya de Juárez y Huehuetoca)

Michoacán (Morelia, Copándaro, Cuitzeo y Tarímbaro)

Puebla (Huachinango, Jalpan, Juan Galindo, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza, Xicotepec, San Martín Texmelucan y Ahuazotepec)

Querétaro (Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo y San Juan del Río)

Veracruz (Papantla, Cuatzintla, Poza Rica, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Tuxpan y Coyutla).

Algunas conclusiones respecto a estos valiosos datos ofrecidos por los organismos referidos, nos dicen que: en el municipio de Irapuato, Guanajuato, de acuerdo a la última medición del CONEVAL en 2015, el 37.2% del total del municipio vive en pobreza, sin embargo en el año 2000 no se tenían tomas clandestinas reportadas, mientras que para el año 2018 se reportaban 75.

En San Juan del Río, Querétaro, donde el mismo día de la explosión en Tlahuelilpan también hubo una fuga (sin heridos), se reportaron 68 puntos ilegales de extracción en el 2018 y ninguna durante el 2000.

En Ixtlahuaca el 70.3% del municipio se encuentra en la línea de pobreza y durante el año 2000 solamente se reportaba una toma clandestina, para el año 2018 se tenía conocimiento de 33 (un aumento de 3,200%).

Como se puede ver, la lista es bastante ilustrativa y arroja datos suficientes para comprender a través de elementos cuantitativos que la estrategia presidencial, hasta ahora, no pareciera responder a ocurrencias sino, a un error multisistémico que ha dejado de atenderse durante al menos 18 años.

Será importante dar seguimiento a estos datos para poder precisar con mayores elementos científicos, el progreso en términos reales, que se tendrá en materia económica y social, en estas comunidades y su evidente relación con el fenómeno del huachicoleo en el centro del país.

Por el bienestar de las finanzas públicas, ojalá esto ocurra.

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