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En el Senado se Encienden Focos Rojos Para Buscar Solución

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*Hoy Desde las Redes se Produce Daño Moral e Inseguridad

*Riesgo de que sea una ley Hueca y sin Algún Impacto Social

*Hay más Ciberdelitos, Porque Cada vez son más los Usuarios

*México se Adhirió al Tratado de Budapest Aprobado en 2001

POR ALBERTO ALMAZÁN

Dirían el jefe del pelotón: preparen, apunten… ¡iniciativa!

Sí, el terreno se prepara para legislar sobre algo que tiene mil y una aristas: el internet y las redes sociales.

Porque desde el anonimato o mostrando el rostro, las redes sociales lo mismo han derribado gobiernos que logrado el encarcelamiento de personajes intocables o bien consiguieron el cese de funcionarios públicos.

 

Utilizando la tecnología y a través del internet, expertos en la materia han colocado contra la pared a decenas de gobiernos del orbe al difundir correos y mensajes “ultrasecretos”. Lo mismo han hackeado el Pentágono que los bancos suizos y han expuesto a centenares de personajes, instituciones, empresas mediante el descorrimiento del velo que escondía los nombres y los rostros de quienes escondieron dinero en los paraísos fiscales o traficaron con drogas, personas o lavaron dinero.

La falta de legislación en la casi totalidad de los países conectados a la red, generó la creación de policías cibernéticas que buscan las ID desde donde surgen, por ejemplo, trata de personas, pornografía infantil, secuestros y los llamados delitos cibernéticos.

De las naciones en donde hay censura para el uso de internet y de las redes sociales se conoce, cuando menos: Venezuela, China, Rusia y varios del mundo árabe y de África.

En México no existe legislación al respecto y cuando se ha intentado asumirla, el mundo se viene encima porque “es un ataque a la libertad de expresión”.

Por tratarse de un tema lleno de aristas, MISIÓN POLÍTICA buscó a tres personajes que están interesados en el tema: la senadora Sarahí Ríos de la Mora, secretaria de la mesa directiva e integrante de las comisiones de radio, televisión y cinematografía; al Doctor Moisés Salinas Rosales, miembro del Centro de Investigación en Cómputo del IPN y al ingeniero Pablo Corona Fraga, Vicepresidente de Seguridad de la Asociación de Internet.Mx, quienes expusieron la necesidad de regular el uso de la internet y de las redes sociales.

Todo surge porque en el Senado de la República, la congresista Ríos de la Mora comenzó a cabildear con sus pares para tratar de elaborar una iniciativa de ley que regule el uso de internet. Su argumento: el daño moral que se causa.

Y se explica así: “Se ha manifestado desde hace mucho esa incomprensión del porqué no se ha podido legislar el internet. No es una idea nueva, muchos senadores de todos los colores quieren hacerlo. Se ha buscado, porque ni siquiera está legislado el tema del internet; todo mundo puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, algún novio despechado puede poner alguna foto de su novia, le destroza la vida a la muchacha, entonces es algo que causa daño moral y por supuesto hay cuestiones de seguridad muy importantes. Si en Google o cualquier otro buscador, le pones tu nombre, pueden venirte 20 mil cosas que ni siquiera son ciertas y eso puede destrozar tu trayectoria, tu trabajo de muchos años, entonces no me parece justo”.

Ante el planteamiento, busqué al doctor Salinas Robles. Gentil, accedió a responder:

“Es un tema donde si bien el marco normativo sería de ayuda, en la práctica, en otras latitudes, en otros países se le ve o se debe de entender que el problema es de todos, por lo que una legislación per se, no es una solución mágica. El problema se centra en una cuestión de cultura, de saber usar el internet y esto incluye desde los niños hasta los seres más experimentados, de cómo usar el internet de manera segura. La legislación en un momento dado debe ser el reflejo de esa cultura, de otra manera se corre el riesgo de que sea una ley hueca, vacía y sin ningún impacto social”.

Y el experto seguridad cibernética, Corona Fraga, es concreto:

“Hay más ciberdelitos porque cada vez hay más usuarios de internet, en segundo lugar, porque cada vez la tecnología es más accesible, no sólo a los usuarios de internet, sino a un posible atacante y porque además hay mayor información disponible. Por eso se vuelve importante hacer regulaciones o legislaciones que permitan controlar ese tipo de actividad”.

EL TRATADO DE BUDAPEST

Es poco conocido, por lo menos en México y por los cibernautas, pero existe. Elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China, surgió en 2001 el Convenio Budapest, el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

El Convenio y su Informe Explicativo fueron aprobados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de noviembre de 2001. El 23 de noviembre de 2001 se abrió a la firma en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004. Desde el 28 de octubre de 2010, 30 estados firmaron, ratificaron y se adhirieron a la Convención, mientras que otros 16 estados firmaron la Convención, pero no la ratificaron. México es uno de los 9 países latinoamericanos que se adhirieron.

Sin embargo, las presiones de los usuarios de las redes y del mismo internet, han impedido que haya una legislación, aunque sí existen medidas regulatorias que aparecen en los contratos que se firman con las empresas proveedoras de los servicios.

“El tema de internet nos da un ejercicio muy claro de lo que es la globalización, porque podemos tener normas a nivel de organizaciones que nos dicen qué hacer y qué no hacer, pero el internet es un fenómeno global, entonces a lo que nos vamos a enfrentar es a que cada país puede tener su legislación, puede que haya vacíos en algunos otras naciones y una legislación local no es capaz de frenar el fenómeno global. Un ejemplo son los ataques recientes a hospitales, en hoteles en Europa, al metro de San Francisco. Básicamente no estamos aislados de esa posibilidad y las legislaciones lo único que permitirían serían sancionar en un territorio definido”, plantea el doctor Moisés Salinas Rosales.

El ingeniero Pablo Corona Fraga duda si una regulación sería suficiente para evitar el abuso en las redes sociales. Lo analiza así:

“No se si no habría forma para regular, pero la forma no es sencilla: La mayoría de los países han buscado soluciones y hasta ahora no hay fórmula que se haya declarado como única, que resuelva el problema de manera general. Ha habido intentos de varios países, otros que tienen políticas más intervencionistas y ni uno ni otro han logrado solucionar el problema y de plano en algunos países el acceso a redes está completamente bloqueado”.

La senadora Sarahí Ríos de la Mora, no quita el dedo del renglón, aunque se declara defensora de la libertad de expresión. Admite que, en algunos, solamente en algunos estados de la República Mexicana se encuentra tipificada la difamación y se pretende que alcance el internet.

“Hasta ahora no está legislado, pero a eso se quiere llegar y de ninguna manera es retroceder, ir contra la tecnología, ni contra la libertad de expresión. Yo nada más le pido a la gente que piensen si un miembro de la familia fuera sujeto de una difamación, que le destruyan la moral y la reputación de años de trabajo, entonces no nos podemos permitir que por no entrarle al análisis la legislación se trunque.

“Si decimos que no, debemos de explicar por qué, pero esto es producto de meterte al análisis, y si decimos que sí a lo mejor nos ahorramos muchas muertes y mucha gente dañada en lo moral y mucha basura que vemos también en internet”.

Para refrescar la memoria y recordar la primavera árabe, Juan Sebastián Fernández Prados, en un artículo publicado en la Revista Arbor, Vol. 188, No. 756 julio-agosto, 2012, titulado “Ciberactivismo: conceptualización, hipótesis y medida”, explicaba:

“Anonymous trabajaba para derrumbar las paredes digitales que impedían el libre tránsito de información, implantadas por el gobierno, para que la información fluyera y ofreciendo apoyo logístico y conectividad. Todo ello terminó desembocando en la inmolación a lo bonzo de un joven de 26 años, Mohamed Bouazizi, debido a sus problemas económicos, desatando una ola de manifestaciones en que se extendieron en todo Túnez terminando por derrocar al gobierno. La organización de manifestaciones “surgió del empleo multimodal de diferentes tecnologías de la comunicación, especialmente las redes sociales que movilizaron el descontento de la población con un marcado carácter horizontal y descentralizado”.

El tema de legislar en materia de redes sociales e internet, está sobre la mesa y esperando la orden de disparar.

Nada fácil lo que espera a quienes, como la senadora Ríos de la Mora, intentan colocar herramientas jurídicas para frenar los ciberdelitos cometidos a través de la red y las aplicaciones Facebook, WhatsApp, YouTube entre otros.

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