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¿Le hablo al Presidente?...

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Por Jesús Michel Narváez

Cierto o no, pero la versión proviene de una fuente confiable. Hace unos días Arely Gómez, secretaría de la Función Pública recibió en sus oficinas a Rosario Robles y a la reunión llegó Alfonso Navarrete Prida. Se abordaba el tema de dar a conocer la inhabilitación de Gustavo Rodríguez González, vocero de la titular de la Sedatu.

Al principio, cuenta la informante, la reunión se llevaba con tensión pero sin mayores aspavientos hasta que doña Arely anunció su decisión de hacer pública la investigación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social y que reveló la falta documental (testigos) de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2 años cumpliendo”, que fue difundida a través de más de 300 medios de comunicación en febrero de 2015 y cuyo costo ascendió a 211 millones de pesos pagados con recursos públicos.

Entonces, me afirman, el secretario de Gobernación, quien dijo estar presente con la representación presidencial, argumentó que el tema debía ser cerrado. Doña Arely frunció el ceño y preguntó si le hablaba al Presidente.

¿Qué pasó? Solamente quienes estuvieron ahí saben las razones habidas para la postura de la secretaria de la Función Pública, que de ser veraz la información, habría desafiado instrucciones de su jefe.

La fuente me comentó que esta decisión evidencia que Robles tendrá que luchar su propia guerra para salir avante de las acusaciones que se han formulado de manera reiterada por diversas acciones que, según sus acusadores y mostrar pruebas fehacientes, cometió tanto en Sedesol como en Sedatu.

De acuerdo con información oficial de la Función Pública el fallo eses producto del procedimiento de responsabilidades administrativas que inició a través del OIC de Sedesol, a consecuencia de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos mediante la simulación de operaciones.

El vocero (ya ex) Rodríguez González fue inhabilitado por diez años para ocupar cualquier cargo de la administración pública federal y se le impuso una multa económica por 210 millones, 493 mil 829 pesos.

A ciencia cierta no sé si aplaudir la actitud de doña Arely o mirar hacia el futuro y suponer que está salvaguardando su posición política y mostrando que es una servidora pública que no se somete a presiones. Usted saque sus conclusiones.

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