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Invasión de otro poder… ¡firme!

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Por Jesús Michel Narváez

Ante la petición de los diputados y de la Presidencia de la República para que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Matamoros, Tamaulipas, aclare la sentencia de amparo que orilla a la creación de la Comisión de Investigación –que no de la VERDAD, no hay que confundirse-, los magistrados del mismo decidieron que sus sentencias son lo suficientemente claras como para aclarar algo más.

¡Vaya pues!

Esta es la primera ocasión en la historia del Poder Judicial Federal que se invade flagrantemente otro Poder de la Unión y que se sostiene firme. Los magistrados ya instruyeron que se invite a los representantes de las víctimas –los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años y 9 meses- y a la Procuraduría General de la República para que designe a los fiscales que estarán bajo las órdenes de los integrantes de la Comisión, con lo cual se vulnera el espíritu y la letra del artículo 21 constitucional que confiere el monopolio de investigación solamente al Ministerio Público y no a personas ajenas a la institución.

Aunque los magistrados sostienen que sus sentencias son suficientemente claras, en opinión de juristas e incluso magistrados de otros colegiados, hay duda sobre la forma en que se emitieron.

De entrada, en el primer párrafo del 21 constitucional se establece: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Sin entrar en polémica, se entiende que el Ministerio Público es el único facultado para las investigaciones de los delitos. No se infiere, bajo ninguna opción, que civiles sin pertenecer a la institución del Ministerio Público, que dependen directamente de las procuradurías o fiscalías generales, puedan ordenar al representante social.

La férrea postura de los maniatados, sustentada en que sus sentencias son inatacables y no existe instancia superior, obliga a revisar la legislación correspondiente so pena de que en el futuro desde un Colegiado se asuma la verdad absoluta y se invada la función de otros poderes, en este caso del Ejecutivo y el Legislativo. La Constitución es clara, aquí sí y no requiere de aclaraciones, y en su artículo 49 precisa: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. ¿Entonces los magistrados no juramentaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen?

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