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A palo dado ni Dios lo quita…

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Por Jesús Michel Narváez

“Cosa juzgada” y el sonido del mazo o mallete se dispersa y multiplica por el eco de la sala en donde el presidente del Colegiado o el juez de la causa, dicta sentencia. Decisión en firme y a palo dado ni Dios lo quita.

El lunes, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito integrado por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, votaron unánimemente reponer el procedimiento del Caso Ayotzinapa, al establecer que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la versión pública del Colegiado, en la foja 7 tercer párrafo, se establece que se llamó al ministerio público de la federación, adscrito en Matamoros, como tercero interesado pero no a los familiares de las víctimas, que conforme a la Ley General de Víctimas se presumirían estarían presentes para, en el caso y como ocurrió, poder impugnar –lo que no fue posible al estar ausentes- la revisión de los amparos promovidos por la defensa de los imputados y sujetos a proceso.

Consulté con un experto en la materia y me señaló que la decisión de un Colegiado es inatacable y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede intervenir aunque haya versiones que así lo piden.

Aparentemente el Ministerio Público de la Federación no impugnó la decisión de los tres magistrados lo que conlleva a tener que acatar la decisión que obliga a reponer el proceso.

Sin embargo, el jurista consultado me indicó que hay instancias internacionales a las cuales puede recurrir el Estado Mexicano a través de la Cancillería y de la Procuraduría General de la República, pero el tema es difícil de procesar y cualquier resolución que se tome en aquellas –las instancias- tardaría más de un año.

Ayer platiqué con Luis Tapia Olivares, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y me hacía notar que la decisión de los magistrados es “insólita” y sentará un precedente para futuros casos. Está convencido de que la reposición del proceso dará luces y seguramente aportará nuevos elementos para llegar a una conclusión que no sea la “verdad jurídica” de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República que se encargó del espinoso caso, que terminó por desgastar al gobierno del presidente Peña Nieto.

Por lo pronto, el mallete ya sonó y resonó.

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