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Los Privilegios del Poder

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Urge Pensión Universal o Habrá Ancianos Miserables

Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón

Estamos a menos de una década de recibir con toda su fuerza el proceso de la transición demográfica en nuestro país.  Será entre 2025 y 2030 cuando la población mayor de 65 años alcance un porcentaje elevado y no estamos listos para ello. La mayor parte de ese sector de la población estará en condiciones de pobreza extrema al no  contar con una pensión. Hablamos de 30 millones de ancianos que vivirán en la miseria, comenta Guillermo Farfán Mendoza, Profesor Titular del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El fenómeno del envejecimiento poblacional llega con una cobertura bajísima de las pensiones, más de la mitad de la población carece de seguridad social y solo 20 por ciento de los trabajadores que se retiran alcanzan una pensión, muchos se quedan en el camino por no cumplir con los requisitos establecidos.

“Lo único que se ha hecho es hablar de la situación de los trabajadores que si reciben o recibirán pensión, pero es un porcentaje mucho menor respecto a aquellos que no la reciben o no la recibirán, urge trabajar en la implementación de una pensión universal que llegue a todos los adultos mayores de 65 años, independientemente que sean pensionados del IMSS, ISSSTE o cualquier otra institución y cuyo monto sea de un salario mínimo”, precisa.

Para Farfán Mendoza el cambio de administración abre la oportunidad de hacerlo, “es un gobierno que no está conducido por los tecnócratas que hicieron reformas de manera indolente, sin tomar en cuenta la condición de vida de la mayor parte de la población. Ahora, que hay un cambio político, se abre la esperanza para toma de decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto”.

¿Y de dónde saldrían los recursos?, preguntamos.

Del programa de combate a la pobreza destinada a la población adulta mayor, de la desaparición de oficinas, de la reducción de gastos administrativos, de gastos en automóviles y de teléfonos celulares, entre otras, respondió.

¿Darlo a todos por igual representaría un gasto muy elevado, además sería injusto?

Sin dudarlo puntualizó:

“No, sería mucho más barato entregarlo a todos por igual, independientemente de su nivel de ingresos. La discrecionalidad evitaría la compra o renta de edificios, contratación de burócratas que analicen quién lo merece y quién no, la gente se inscribe y listo, se simplifica el trámite. El problema se corrige a la hora de pagar impuestos.

Inquirimos sobre el tema: ¿Cómo operaría?

“Se excluye del pago del impuesto sobre la renta a quienes perciban menos de tres salarios mínimos. El resto de los beneficiarios pagarían impuesto según su nivel de ingreso; a mayores percepciones mayores impuestos. El adulto mayor que tiene una pensión contributiva y recibe la universal al pagar más impuestos regresará lo que se le dio”.

Para el especialista en materia de seguridad social, la cantidad que actualmente el gobierno da a los adultos mayores, a través del Programa 65 y más, es irrisoria al representar apenas la cuarta parte de un salario mínimo.

Comentó que, a diferencia de México, en Brasil, la seguridad social es un derecho constitucional por lo que todos los adultos reciben mensualmente del Estado una pensión equivalente a un salario mínimo. En el segundo periodo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el incremento del 30 por ciento de dicho salario, aumentó el poder adquisitivo de las pensiones no contributivas, lo que mejoró la calidad de vida de los adultos.

De acuerdo con el profesor Farfán Mendoza, es urgente que quienes toman las decisiones en el Congreso y el Estado tomen cartas en el asunto aprueben la pensión universal, ya que la población mexicana envejece rápidamente y estará en condiciones de pobreza. “Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo”.

Explicó que la aprobación de la pensión no contributiva sería independiente de las modificaciones que se hagan a la ley de las cuentas individuales de retiro, incluso, señala la administración de la pensión universal tiene que estar únicamente en manos del Estado.

Por último, precisó que legislar sobre la pensión universal, restringiría que el uso de los programas de apoyos económicos destinado a los adultos mayores se usará como arma política, además que se aseguraría su permanencia.

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