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Los Blanqueadores de Recursos Aumentan y Están Perfeccionando Varias Técnicas

*Hay Avances, Pero se Requieren Otras Reformas

*Asignatura Para la Legislatura LXIV, la por Venir

*No Debemos Estar en Alguna de las Cuatro Listas

*En el Congreso de la Unión Están dos Iniciativas

Por Nidia Marín

México no está aún en la lista negra, en la roja, en la gris oscurecida o en la gris, gama colorida que mide los yerros, pero la sofisticación para el lavado de dinero avanza.

En los últimos cinco años se ha desarrollado el perfeccionamiento del blanqueo y el aumento en la materia rebasa el 200%, aseguran estudiosos, de tal manera que se calcula anualmente un lavado de capitales de 50,000 millones de dólares. Y la cifra es conservadora.

Empresarios, deportistas, funcionarios, políticos, sindicalistas, narcos y criminales no organizados, han sido acusados (no siempre juzgados y mucho menos sancionados) de utilizar empresas y sindicatos fantasmas, paraísos fiscales, reducir a hormiga los montos para que pasen inadvertidos, colaboración de los bancos, doble facturación o falsa facturación, transferencia enmascarada de recursos, compra de bienes a precios bajos y ventas a mayor precio, entre muchos otros.

El esfuerzo ha sido importante. De ahí que el más reciente reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haya reconocido mejoras significativas en comparación al año 2008, en que se llevó a cabo la última evaluación de México” y precisado que “se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”.

Sin embargo, habrá que realizar las reformas necesarias, lo cual será una asignatura para el próximo gobierno y la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, porque el mencionado reporte también advierte que el país enfrenta riesgos principalmente relativos a lavado de dinero y por ende deben fortalecerse diversas acciones tales como priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, la supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de beneficiarios finales de activos y empresas.

Hay que recordar que entre las naciones que forman parte del GAFI está México. Otras son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong-China, Islandia. Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Hasta febrero de 2018 estaban en el filo de la navaja, en la Lista Roja, Corea del Norte; en la Lista Negra, Irán; en la Lista Gris Oscurecida, ninguna nación; y en la Lista Gris: Siria, Yemen, Vanuatu, Etiopía, Irak, Serbia, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez.

AVANCES, PERO AUN FALTA

Por estas tierras progresamos… aunque no lo suficiente. En nuestro país, por ejemplo, de conformidad con las facultades de investigación que le confieren a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), en concordancia con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Acuerdo A/078/13 del Procurador General de la República, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se trabajó en 113 investigaciones, todas ellas respecto a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros precedentes de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). En 2014 hubo dos; en 2015, fueron 39; y en 2016, sumaron 52.

Los datos generados por la UEAF respecto a las averiguaciones previas iniciadas, relativas a los años de 2013, 2014, 2015, 2016 así como lo correspondiente de enero a junio de 2017, señalan que en el periodo del 1 de septiembre de 2016 a junio de 2017 se habían iniciado nueve. Hacen hincapié en que a partir de 2016, al implementarse el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), las investigaciones iniciadas se llevan a cabo bajo el esquema de carpetas de investigación.

Hay que hacer notar que dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) durante 2016, la UEAF inició 19 carpetas de investigación por hechos relacionados con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financieros, defraudación fiscal y delincuencia organizada, pero en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se iniciaron 46 carpetas.

Una observación es que, dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF analizó 648 mil 284 operaciones financieras. En 2014, sumaron 752,298; en 2015 llegaron a 447,259; para 2016 fueron 755,759; y en 2017 aseguran 410,871.

Hay una acotación, hubo personas analizadas, en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017. La señalada Unidad, realizó 324 análisis, de los cuales 293 fueron físicas y 31 morales.

Tal vez por ese esfuerzo, en el reporte del GAFI resaltan las actividades de los supervisores del sector financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), de los cuales se indica “tienen un buen entendimiento de los riesgos dentro de los sectores a su cargo y han implementado enfoques basados en riesgos razonables para la supervisión”.

Hay más en la evaluación hecha en el reporte. Dice que para enfrentar los riesgos prevalecientes en materia de lavado de dinero existen áreas de oportunidad para las cuales se considera que es clave priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, así como la distribución de recursos y atención para la supervisión de actividades vulnerables no financieras; que se debe contar con una mayor capacitación para las autoridades relevantes e intensificar la identificación y acceso a información de los beneficiarios finales de activos y empresas.

EN ESPERA DOS INICIATIVAS

Y salta hacia la actualidad que se necesita todavía un mayor trabajo, que probablemente tocará al próximo Congreso sacar adelante, porque son dos las iniciativas pendientes, conforme al análisis de Juan Pablo Aguirre Quezada, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La que precisa, por ejemplo:

1) obligar a declarar ante las autoridades aduanales a las personas, al SEPOMEX y/o empresas de mensajería, cuando ingresen al territorio nacional o extraigan del mismo dinero en efectivo, tarjetas de prepago, entre otras;

2) prohibir que con las mercancías que entren o salgan del país, se internen o extraigan del mismo, dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales etc.;

3) Establecer las sanciones cuando las autoridades aduaneras descubran cantidades de dinero, tarjetas, etc., mismas que deberán ordenar y practicar la retención de una cantidad equivalente a la multa máxima aplicable, respecto de cantidades superiores a diez mil dólares e inferiores a treinta mil dólares;

4) precisar que las autoridades aduaneras en el acta de retención que se levante harán constar la fundamentación y motivación de la misma, así como el plazo de tres días hábiles para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga;

5) estipular que pasarán a propiedad del fisco federal las cantidades cuando se descubran con las mercancías u ocultas en ellas o en el medio de transporte no autorizado. Para ello modifica los artículos 9, 144, 158 y 183 de la Ley.

La otra iniciativa tiene por objeto fortalecer las acciones para combatir el lavado de dinero. Entre lo propuesto, sobresale:

1) determinar que quienes realicen actividades vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor externo independiente para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones en la materia;

2) señalar que los resultados de la revisión deberán ser presentados en formato de informe a la persona que realiza la actividad vulnerable o al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a fin de evaluar la eficacia operativa y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables;

3) facultar a la SHCP para determinar los requisitos que deberá contener dicho informe;

4) especificar que la información deberá ser conservada por quien realiza la actividad vulnerable durante un plazo no menor a diez años y remitirse a la SHCP dentro de los 90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión;

5) aplicar las multas correspondientes a quienes incumplan con la obligación de presentar el informe previsto; y,

6) homologar la legislación para sustituir los salarios mínimos por la Unidad de Medida y Actualización.

Para ello modifica los artículos 37, 53 y 54 de la ley.

Además, habrá necesidad de revisar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.

Pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque, a mediados de marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se requiere autorización judicial previa para que el Ministerio Público pueda asegurar cuentas bancarias o títulos o derechos relacionados con operaciones financieras.

La técnica de investigación prevista en el Artículo 242 del CNPP, consistente en el aseguramiento de cuentas y de títulos o derechos relacionados con operaciones financieras, es inconstitucional, advirtió.

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