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La Ley de Seguridad Interior y los Derechos Humanos

*Necesario Escuchar y Corregir las Imprecisiones

*De Otra Manera, la CNDH Puede Recurrir a la SCJN

*No es Juego de Vencidas Entre Ejecutivo y Comisión

*Presenta una Cuestionable Argumentación Jurídica

Por Manuel Quijano

La Ley de Seguridad Interior ha generado muchas controversias debido a algunas imprecisiones en la misma y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) hace lo correcto al señalarlas. Es un debate que no será interminable, pues el Senado aún puede escuchar, atender y corregir las imprecisiones que se originaron en la Cámara de Diputados y bordar fino en materia de proteger los Derechos Humanos. Pero si no lo hace y los senadores aprueban la Ley sin modificaciones, entonces la CNDH aún podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitarle que con base en el artículo 105 constitucional analice acerca de las controversias entre la Constitución y la Ley aludida.

No, no exagero y no estoy refiriéndome a un juego de vencidas entre el Poder Ejecutivo y la Comisión, sino a un asunto fundamental; la protección de los mexicanos ante el crimen. De ahí que el tema a debate es el del resguardo del individuo y su seguridad por parte del Estado. Que quede claro, la creación de la figura del Estado es en primera instancia y, ante todo, la protección de los seres humanos a fin de no morir violentamente en manos de otras personas. Por eso el Estado crea leyes, prohíbe que las personas se asuman como justicieras, crea instituciones y se arropa el monopolio de la violencia legalizada y legitima. Aún más, también acota el poder de las fuerzas del orden e impide abusos de autoridad mediante la creación de los Derechos Humanos y así acota la impunidad estatal.

Hoy, y desde hace poco más de 20 años, lo que vivimos en México es un crecimiento y fortalecimiento del crimen y una ineficacia gubernamental, por corrupción y las demás razones que conocemos por detenerlo. Consecuentemente, el ex presidente Felipe Calderón tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas realizaran labores de las corporaciones policiacas. Lo mismo sucede con la actual administración, con la salvedad de que desea darle un ordenamiento jurídico a su decisión. Entonces, lo que estamos observando es cómo la gestión del presidente Enrique Peña definió su estrategia de instrumentación para combatir, sobre todo, al crimen organizado con el apoyo de las fuerzas castrenses, lo cual pareciera una buena decisión, pero con una cuestionable argumentación jurídica.

Es claro que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior no trata de militarizar al país como dicen algunas voces, sino de señalar los casos en los que se justifica la presencia de las fuerzas armadas baja determinadas circunstancias y temporalidad. También es claro que, como toda ley, es perfectible y debe estar enmarcada dentro de la Constitución. Y el caso es que la ley en cuestión abre, como bien lo señala la CNDH, “potenciales riesgos” y “deja de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los tres órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 constitucional”.

Escuchar el llamado de la CNDH es, además de lo inteligente, un acto de oportunidad política y jurídica. Mantenerse en la necedad no conducirá más que a la controversia constitucional en la que, si el Poder Judicial actúa con congruencia, otorgará la razón a la Comisión, con las consecuencias políticas que pagará el Poder Ejecutivo.

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