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El Temblor de las Ideas

*La Sacudida de un Sistema que no ha Estado a la Altura de sus Ciudadanos

Por Luis Miguel Martínez Anzures

Los desastres naturales son por excelencia, eventos catastróficos de magnitudes colosales que, de cuando en cuando, nos vienen a recordar la fragilidad de la humanidad, en relación a su papel con el mundo que conocemos.

Entre todo lo que remueven los temblores, están sin duda las ideas y las ideologías, las concepciones de la vida compartida. Los mitos. Aquellos pensamientos de la existencia que creemos inamovibles.

Detrás de las urgencias materiales debe venir la atención a repensar nuestra vida en común. Se va volviendo evidente, que hay que concebir a la ciudad de otra manera.

Es claro que la corrupción que viola leyes, ha devastado la ciudad de México. Erradicarla es absolutamente necesario y una tarea ineludible. Pero también la corrupción, legal debe ser evitada. Quiero insistir en que la corrupción comienza en el cuerpo de los ciudadanos desde que se piensa a la ciudad de manera peligrosamente equivocada. Las leyes que ahora permiten levantar edificios de alto riesgo, en zonas de gran peligro, deben ser derogadas con urgencia. No deben ser permitidas ni a la sombra de la soberbia tecnológica que disminuye el riesgo en ciertos casos de temblores conocidos, (los que vienen son desconocidos, siempre en palabras de los expertos, son distintos), ni a la sombra de una política de vivienda populista. Urge repensar esos dos factores.

La ciudad de México merece una aplicación del marco normativo de construcciones que gravite por los terrenos de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. No es posible que después de haber vivido hace 32 años un cataclismo de dimensiones colosales como aquel, las edificaciones no hayan mejorado sustancialmente en sus estructuras.

Estamos llenos de nuevos edificios monstruosos, que han desestabilizado todo a su alrededor. Que han roto el horizonte de equilibrio urbanístico de esta gran ciudad.

No basta con que cada una de estas edificaciones sea tecnológicamente firme, si su entorno se ve devastado, debilitado, roto materialmente pero también socialmente. Urge estudiar a fondo los efectos urbanos nocivos que tanto los edificios de Santa Fe, como los de nueva Polanco y Reforma han tenido. Urge hacer conciencia de los efectos que estas construcciones han generado en estas demarcaciones y que generarán seguramente en las colonias aledañas.

Es una patología que se propaga por toda la ciudad y sus alrededores. Incluye edificios y vías supuestamente rápidas. Segundos pisos multiplicados hasta volverse cielos de concreto sin prestar atención ni al subsuelo y a la infraestructura necesaria para hacer de estas edificaciones construcciones más seguras y amigables con el medio ambiente. Mientras ese examen no se haga de verdad y a fondo, no cabrá en esta ciudad un ápice de esperanza. Ni tampoco de vida urbana con equilibrio ecológico.

Ojalá que las iniciativas geniales de muchos jóvenes, entre las cuales las de @verificado19s, que han sido ejemplares, y modelo de transparencia en una ciudad que la necesita mucho, puedan también lanzarse a cuestionar la patología legal del desastre urbano que se desencadenó como un virus de corrupción con ejemplos  como: el Bando 2 promulgado por López Obrador el segundo día de su gobierno, ampliado por Marcelo Ebrard como Norma 26, reformulado por Miguel Ángel Mancera con sus Normas 30 y 31, y la joya de la corona, la asociación que casi perpetró el engaño del Corredor Chapultepec, pero que está realizando cientos de negocios más, igual de turbios, gigantes, irresponsables y dañinos para los capitalinos.

Es evidente, que no son los desarrolladores urbanos quienes vendrán con una solución a este embrollo que un sector amplio de ellos ha capitalizado o podrían capitalizar.

Desgraciadamente, tampoco son nuestros grandes arquitectos quienes están en la mejor posición de opinar con autoridad moral sobre el tema de derogar para re-examinar a conciencia el Bando dos y sus secuelas. Es una clara situación de conflicto implícito de intereses. Un juego de contubernios malévolos entre gobierno y constructoras.

Nadie que se ha beneficiado legalmente o podría beneficiarse con el auge de la construcción en la ciudad, podrá pensar que es cuestionable.

El temblor y sus consecuencias, adelantan una nueva pregunta: ¿Cómo frenar y limitar este nuevo corporativismo del sistema político mexicano, el del sector de la construcción? ¿Cómo ponerle candados a un desarrollo urbanístico plagado de negligencia en su operatividad y su administración?

Porque tanto a nivel federal, como a todos los niveles regionales, la corrupción desenfrenada exponencialmente del sector de la construcción con los gobiernos que adjudican obras, ha demostrado ser parte esencial del sistema político mexicano actual. Es decir, en México la obra pública y la privada, son las mismas, se han convertido en monumentos sinuosos de opacidad y falta de trasparencia en el uso de sus recursos. En arcas de riqueza para los partidos políticos. En la caja chica de muchas campañas políticas. En la práctica más vil y ruin del “moche “y el “agandalle” político.

Y eso está en todos los partidos. Está en todos lados. Y lo peor de todo, es que lo han vuelto legal.

La idea misma de nuestro sistema político tiembla y no podemos dejar de verla. Gracias a un temblor como este parece que no solamente la sacudida de estas estructuras de corrupción serán las únicas en removerse.

En hora buena entonces por el despertar de una sociedad que estuvo 32 años durmiendo en la efervescencia del miedo y la mediatización de la ignorancia y la pasividad social.

 

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