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Daca: ¿Última Llamada a la Certidumbre Jurídica de los Soñadores en Estados Unidos?

Por Luis Miguel Martínez Anzures

En el mundo del siglo XXI al parecer el retorno de viejas tendencias supremacistas de corte racial que se creían superadas al supuestamente morir el siglo pasado, no han sido superadas. Al parecer han vuelto a resurgir entre varios segmentos poblacionales dominantes en países del primer mundo. Muchos casos se ven en Europa en naciones como Italia, Alemania o España.

Lo mismo ocurre en este continente, en los Estados Unidos. Desde su llegada a la presidencia, el presidente Donald Trump ha privilegiado el discurso incendiario y refractario hacia las clases menos favorecidas, con el firme propósito, de no perder la base social que lo ha llevado al poder. Trump le habla en todos sus eventos públicos, institucionales o no, a los miles de votantes anglosajones con una limitada educación, pero amplio sentido patriótico. El presidente está en campaña y habla a sus futuros votantes.

Trump ha decidido polarizar a su país, porque esa es su estrategia para continuar en el poder, varios años más. No es locura política, es pragmatismo estratégico.

En este contexto, alrededor de 800,000 dreamers (soñadores), entre ellos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos, han podido vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados gracias al programa DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia), implementado desde hace cinco años. Fue puesto en marcha por Barack Obama en junio de 2012.

Su principal objetivo es proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Desde su implementación, ha permitido que los inmigrantes obtengan un número de seguridad social, una identificación estatal y permiso para trabajar de forma legal en aquella nación.

De esta manera, los dreamers pueden solicitar la suspensión de la deportación y residir legalmente en Estados Unidos, durante dos años. Después de eso, pueden solicitar una renovación de este mismo beneficio. Un proyecto de enorme atractivo educativo y profesional para miles de jóvenes indocumentados en Estados Unidos.

Para ser aceptados en el programa, los inmigrantes deben haber entrado a Estados Unidos con menos de 16 años, no tener los 31 años cumplidos al mes de junio de 2012, y haber vivido permanentemente en el país desde 2007. También se les exige que carezcan de antecedentes penales y que estén estudiando o tengan el bachillerato terminado.

De acuerdo con la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) los mexicanos representan un 79% de los 787 mil 580 beneficiario. Es decir, al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos serían afectados si Donald Trump formaliza la terminación del programa que, de acuerdo a sus últimas declaraciones, es uno de sus objetivos.

¿Pero en realidad, Trump quiere acabar con este moribundo programa o presionar al congreso de aquél país, para darle certidumbre jurídica a los miles de beneficiados, con la finalidad de demostrar cierta humanidad, pero sobre todo, arrastre popular en vísperas de allanar su camino hacia la reelección en aquella nación?

La respuesta a esta interrogante, es complicada de obtener.

Hasta ahora, legisladores demócratas y republicanos, entre ellos Lindsey Graham y Dick Durbin, han promovido dos iniciativas de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes, denominadas Bridge ActDream Act, las cuales buscan proteger a estos jóvenes y ofrecerles un camino hacia la ciudadanía.

Sin embargo, los críticos del programa, han argumentado que DACA es inconstitucional, ya que Obama lo llevó a cabo sin la aprobación del Congreso y, además, que promueve la inmigración ilegal para el futuro de EU.

Por otro lado, CNNMoney y el Left-Leaning Center for American Progress, señalan que, si se elimina el programa, EU perdería a 800 mil personas de la fuerza de trabajo estadounidense, y la economía de ese país sufriría una pérdida de casi medio billón de dólares en la próxima década.

En lo que se refiere a México, la cuota de Dreamers no es un problema para preocuparnos sino para ocuparnos. La repatriación de miles de jóvenes soñadores, evidenciaría el colapso del sistema educativo nacional. Pondría de cabeza, a un limitado (hasta ahora) y poco eficiente plan de estudios y método de enseñanza- aprendizaje que tenemos en este país.

No podemos, ni es conveniente tapar el sol con un simple comunicado institucional. No tenemos ofertas educativas ni laborales atractivas para esos miles de jóvenes bien preparados que llegarán nuevamente a estas tierras, de concretarse las amenazas de Donald Trump.

¿Qué haremos con este bono demográfico especializado que nos ofrece la coyuntura internacional? ¿México será capaz de aprovecharlo?

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