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La Autonomía es el Freno, la Sociedad Civil Carente de Posición Unificada

*Actualmente es Posible Trabajar con los Seis Miembros

*Pero, por Supuesto que Hace Falta Nombrar al Fiscal

*Exhorto a los Estados Para que Adecuen Legislaciones

*Envían Moción Para el Cumplimiento de los Legisladores

*Mañana es la Fecha Clave: Entra en Vigor la Ley del SNA

Por Alberto Almazán

Fecha: 27 de mayo de 2015.

En el Diario Oficial de la Federación se publica el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Fecha: 18 de julio de 2016.

En el Diario Oficial de la Federación se publica el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se modifica el artículo transitorio de la Reforma en materia de combate a la corrupción y se elimina el pase automático del Procurador General de la República que se encuentre en funciones para convertirse en el Fiscal General de la Nación.

Fecha fatal: 19 de julio de 2017.

Entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción.

Falta jurídica de los senadores: no hay fiscal anticorrupción.

Falta jurídica de tres entidades federativas en cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, al no haber alineado sus constituciones para sumarse al SNA.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que preside el senador Fernando Herrera Ávila (PAN) y que integran Emilio Gamboa Patrón (PRI), Manuel Bartlett Díaz (PT), Dolores Padierna (PRD) y Carlos Alberto Puente (PVEM), será hasta el segundo periodo ordinario del último periodo de la LXIII Legislatura que inicia en febrero de 2017, cuando se designe al Fiscal Anticorrupción.

EL SISTEMA FUNCIONARÁ; DE 7 MIEMBROS TIENE 6

Frente a la realidad que se impuso: negociaciones para la aprobación de las reformas que crearían el Mando Único o Mixto, la Ley de Seguridad Interior y las elecciones en 4 estados el 4 de junio pasado, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción se pospuso en cinco ocasiones.

Bajo el argumento de que se trata de un nombramiento de importancia fundamental, los senadores decidieron que será hasta el próximo año cuando se aborde el tema. En los meses previos, entrevistaron a 132 aspirantes de los cuales quedaron 18 al final quienes en términos de la Ley General Anticorrupción llenan el perfil requerido para ocupar el cargo.

¿La falta del Fiscal inhabilita las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción?

Para conocer la respuesta MISIÓN POLÍTICA entrevistó por separado al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perillart y a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard Mariscal.

MP.- Se vence el día 19 el plazo para nombrar al fiscal anticorrupción y ya se anunció que no habrá periodo extraordinario para esto, sé que no hay ninguna sanción y hay una iniciativa de ley del presidente para modificar el artículo transitorio de la reforma Constitucional para que no sea en automático el pase del Procurador a la fiscalía general, pero que pasa con esto ¿se queda cojo el sistema?

RSP.- El tema es que el Sistema está conformado por 7 miembros, de los cuales 6 ya están en funciones, solo faltará el fiscal anticorrupción y otra parte de este sistema son los magistrados que tienen que ser nombrados, para la tercera sección de la sala superior y la sala metropolitana.

Hoy, como estamos podemos trabajar. ¡Por supuesto que sí hace falta el nombramiento del fiscal y de los magistrados!, pero el Sistema está trabajando. Una de las piezas torales del mismo es la Secretaria Ejecutiva que ya está en funciones y que será el brazo coordinador de este sistema. Entonces yo en lo personal creo que podemos trabajar como estamos ahora.

MP.- Se supone que hay 18 personas altamente calificadas cuyos perfiles corresponden a lo que podría ser el fiscal anticorrupción, pero los senadores se niegan a un periodo extraordinario, ¿podemos ver en esto un interés político o un desinterés por cumplirle a la sociedad? La pegunta está dirigida a Peschard Mariscal.

“Lo que pasa en el caso concreto del fiscal anticorrupción, es un proceso que se ha retrasado en los últimos 8 meses y que la sociedad civil ha estado empujando para que no se nombre bajo cualquier normatividad en términos de las facultades que tendrá el fiscal anticorrupción, algo que está muy en debate es que si bien el fiscal anticorrupción cae en la competencia, es decir es un subordinado del fiscal general, el problema es cómo se va a armar la fiscalía general, cómo se va a nombrar al fiscal anticorrupción que deberá ser un ente autónomo y ahí es donde está el debate, un debate que va más allá del propio nombramiento del fiscal. Es complicado. Las organizaciones de la sociedad civil no tienen una posición única, tienen distintas posiciones, entonces esto ha hecho que el nombramiento del fiscal nacional anticorrupción sea más complicado.

MP.- ¿Qué pasará antes del 19 de julio si no se cumple con lo que se estableció en la Reforma: el nombramiento del fiscal?

JPM.- Nosotros hemos estado dándole seguimiento, monitoreando cómo van los Estados para hacerles una invitación a los Congresos estatales, no solo para que legislen y reformen sus constituciones, sino para que estén en sintonía con la Reforma Constitucional y con la ley general del Sistema Anticorrupción y para que estructuren todo el andamiaje de los sistemas locales.

Pero lo único que hacemos es eso, hacer una invitación para que se vayan poniendo al día y la forma como creemos nosotros que esto es posible es si las organizaciones de la sociedad civil, en quienes nosotros dependemos y en quienes confiamos, es la activación de las organizaciones la que realmente puede empujar a que el sistema vaya concretándose de manera adecuada, tanto en el ámbito federal con los nombramientos que faltan, como en el resto de las entidades federativas.

La doctora Peschard, exconsejera electoral del INE, expresidenta del INAI, académica reconocida por sus conocimientos y verticalidad, lanza el cuestionamiento:

“La verdad es que suena difícil que nuestros representantes, los senadores, no cumplan con los plazos que ellos mismos aprobaron, pero lo que el Comité de Participación Ciudadana ha hecho hacia ese respecto, es enviar una moción al Senado para que efectivamente no solo procesen los nombramientos, sino que los procesen de manera transparente, abierta y que la sociedad civil pueda vigilar cómo se hacen esos procedimientos, que están en sus atribuciones pero que el procedimiento para darle garantías a la sociedad en tanto se nombran a las personas que tienen el perfil adecuado y además a través de un procedimiento en el que no se está privilegiando la lealtad a algún jefe o dirigente político, sino lo que se está privilegiando son los méritos, las capacidades que tengan las personas y la independencia desde luego.

Entonces eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, son mociones, son llamados, para que se vaya cumpliendo con los procedimientos y también hemos hecho llamados a los Congresos de los Estados.

(El Sistema Nacional Anticorrupción lo forman representantes de 7 entidades: Comité de Participación Ciudadana, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Consejo Federal de la Judicatura, Instituto Nacional de Transparencia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ¡Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción!, sin ser designado aún).

VOTO DE CONFIANZA PIDEN A CIUDADANOS

La corrupción y la impunidad, hermanas mellizas en México, se han convertido en uno de los mayores flagelos del país a grado tal que el propio presidente Enrique Peña Nieto lo califica como para de la cultura nacional.

De acuerdo con informes del sector privado, la corrupción representa 10 puntos porcentuales del PIB, algo así como un billón de pesos anualmente.

MP.- ¿Qué le puede decir al ciudadano que lo convenza de que esto ya está funcionando y que el combate a la corrupción y a la impunidad es una realidad?

La pegunta se formula al Secretario Técnico, Ricardo Salgado Perillart, quien proviene de la Universidad Panamericana en donde se graduó como abogado y quien ha sido integrante del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de la Secretaría de Educación Pública.

La respuesta:

“Puedo decir que funciona porque ya hemos tenido sesiones ordinarias y extraordinarias tanto del órgano de Gobierno como del Comité Coordinador, ya tenemos los acuerdos, esta semana se aprobaron los mecanismos de seguimiento de procesos de designación de sistemas locales, la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades, se le hizo un llamado a los Estados para que en la manera de lo posible, traten de ceñirse a la ley general y no se salgan de ella y obviamente de la noche a la mañana va a ser difícil cambiar la percepción de la sociedad, pero ese es un tema que nos va a llevar tiempo y estamos en la mejor disposición de sacarlo adelante.

Que nos den el voto de confianza al Sistema en general y a la Secretaria”.

LA IP AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Con la reforma constitucional y la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que entra en vigor mañana, aunque alguna de las patas de la mesa falte, por primera ocasión en la historia de México los empresarios, comerciantes, banqueros etcétera que formen parte de la corrupción no tendrán más impunidad.

Serán objeto de sanciones que van desde la inhabilitación de sus empresas para participar en concursos del sector público, multas importantes y hasta la aplicación de denuncias penales.

Al final del día, el Sistema Nacional Anticorrupción comienza mañana la batalla que, presumiblemente, sepultará el flagelo económico más grande que afecta al país.

El 12 de julio, el Comité de Acompañamiento Ciudadano, envió una carta en la cual, entre otros planteamientos, daban por terminado su trabajo.

Decía, por ejemplo:

“Que el Senado abdique a su responsabilidad y obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción significa en los hechos el menosprecio por el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la falta de interés de este órgano0 legislativo por contribuir a la legitimidad y eficacia de una política pública fundamental para el país. Este comité lamenta profundamente la falta de profesionalismo y compromiso de los senadores.

“Dados los hechos consumados, damos por concluida la misión de este comité. Es nuestra opinión que el proceso ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley., Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Dicho Comité de Acompañamiento Ciudadano, estaba integrado por: Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Issa Luna Pla, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga Espinosa, Juan Carlos Sánchez Magallán y Luís Carlos Ugalde.

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