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detective

El Tortuoso Vuelo del Pegasus en México

*Obligación del Gobierno Cumplir el 20 Constitucional

*Las Normas son Claras en el Código Penal Federal

*Hay, Además, Gasolina Regalada a los Detractores

Por Rafael Marín Marín

Vaya ayudadita de cara al 2018, le están dando al Presidente de la Republica quienes salen a decir que el Gobierno Federal no está espiando o realizando espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos o activistas en México. Debía salir a escena por lo menos el vocero oficial y no una de sus gentes, porque el problema no es menor.

Según los afectados el Software Pegasus, adquirido con renta mensual a cargo del gobierno mexicano no ha sido utilizado para los fines vendidos que es en espionaje contra delincuencia organizada entre otros. Lo cierto es que nadie del poder judicial tampoco se ha manifestado para decir si este programa puede ser utilizado por determinación judicial para esos fines, como una prueba en contra de quien delinca en grados mayores. Lo cierto es que debemos tener cuidado con todo lo que le damos click o te pide autorizar utilizar “datos”. Aguas.

Mal defensa está haciendo el gobierno federal al solo negar los hechos y abrir carpetas de investigación que se tendrán que ventilar y desahogar mediante el nuevo sistema penal acusatorio, donde el que acusa debe probar. Ni siquiera se ha permitido a sí mismo, el gobierno, pedir se le otorgue el beneficio de la duda, pero sobre todo el del principio de inocencia constitucional e universal hasta que no se le demuestre lo contrario. Las denuncias han sido presentadas contra quien resulte responsable y/o Gobierno de la Republica y/o Secretarias de Estado y/o personas físicas por hechos presumiblemente constitutivos de delito, que serán en todo caso sancionados si encuadran dentro de los establecidos como tales en el Código Penal Federal. Además, no sabemos quién más tenga Pegasus, porque Israel lo que hace es vender.

El Capítulo II, del Código Penal Federal dedicado al “Espionaje” establece que, Art. 127.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos. La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones, o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares. Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación Mexicana.

Artículo 128.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana.

Artículo 129.- Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al que, teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Como vemos, primero deberemos saber si con los hechos denunciados existe el encuadramiento a alguno de los delitos señalados arriba o se trata de otros.

El problema mayor estriba es que es una acusación contra el gobierno de la Republica garante constitucionalmente de la paz y progreso de este país y de que se respete a cabalidad el estado de Derecho. Ese es el verdadero problema, el cuestionamiento que se hace de quien debe cuidar la paz social no lo hace. El artículo 20 constitucional apartado A establece que: El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y que como principio general, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

A eso está obligada la Presidencia de la Republica y sin alguien violento la ley deberá ser castigado, porque existe sensación generalizada de que ahora se quiere callar la libertad de expresión con Pegasus, lo que se le parezca y lleva a otras calamidades.

Por lo pronto la responsabilidad presidencial es darle cabal cumplimiento al artículo 20 constitucional apartado A y obvio presumirse su inocencia hasta que no se le demuestre lo contrario. Así de fácil y legal. Lo demás es gasolina regalada por el gobierno a sus detractores para incendiar sus almohadas que están cerca del fuego.

Apéndice: Por cierto la reunión presidencial con gobernadores priistas que se dio la semana pasada donde estuvo en la comida Aurelio Nuño, no puede tomarse como un destape anticipado. Simplemente el presidente deja ver en pasarela los posibles a contender por el PRI en la presidencial del próximo año. Vendrán pasarelas de este tipo de los que faltan que son tres. El círculo de los posibles está cerrado en 4.  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

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