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Pegasus: El Software del Espionaje de Estado

Por Luis Miguel Martínez Anzures

La semana pasada, la noticia con mayor relevancia en el país, fue sin duda alguna la revelación periodística que aporta el periódico estadounidense: The New York Times sobre el espionaje virtual que han sufrido activistas en defensa de los derechos humanos y algunos periodistas del entorno nacional.

Entre enero de 2015 y julio de 2016, presuntamente estas personas han sido espiadas por agentes del estado mexicano, adscritos a tres dependencias gubernamentales como son: la  Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)  y la Secretaria de la Defensa Nacional, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group (una empresa de israelí), que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas. En teoría.

Además, las revelaciones aportadas por el periódico estadounidense, han tenido eco a través del informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, el cual ha sido elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica del Citizen Lab de Canadá.

En otras palabras, tenemos dos investigaciones hasta ahora, sobre un mismo tema: por un lado, la que ha publicado el New York Times sobre el uso de medios electrónicos a través de la firma israelí NSO GROUP para espiar las actividades de activistas sobre derechos humanos. Paralelo a dicha investigación -me atrevería a pensar que  complementario a ésta- el informe, “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, elaborado por las organizaciones civiles: Artículo 19, R3D y Social TIC.

En agosto de 2016 los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto dieron a conocer el mecanismo mediante el cual el software “Pegasus” infecta los teléfonos inteligentes. Dicha investigación, aunque era más generalizada, hablaba ya del caso mexicano. En la misma revelaron que, por lo general, el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir, forzando a hacer clic en un enlace adjunto.

Una vez abierto el mensaje en el Smartphone del objetivo, el software se apodera del teléfono celular del individuo y permite acceder a todos sus datos y funciones, por lo cual es una herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas. Ello, por su infalible grado de precisión para apropiarse de información privada y porque de acuerdo a las reglamentaciones internacionales sobre mecanismos de protección de datos personales y seguridad nacional, los gobiernos democráticos no deberían instrumentar esta clase de herramientas tecnológicas en contra de civiles, aun cuando pudieran ser disidentes de sus ideas.

Como ya se sabe, por su enorme potencial intrusivo, el software “Pegasus” únicamente puede ser adquirido por entidades gubernamentales facultadas para usarlo en casos relacionados con: crimen organizado, terrorismo o cuestiones de seguridad nacional, siempre y cuando cuenten con la autorización judicial correspondiente.

De acuerdo con The New York Times, cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.

Dicha publicación señala además que:

“Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group ”.

Según decenas de mensajes examinados por la prensa norteamericana y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que ante los ojos de la opinión pública internacional se ve como un intento sin precedentes, para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

De manera simultánea, el informe de las organizaciones civiles, ha dicho que entre los blancos a ser intervenidos en sus comunicaciones cotidianas se encuentran: abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de la ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola, una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, Mario Patrón y Santiago Aguirre personal adscrito al Centro de Derechos Humanos Pro-Juárez A.C. (Centro Pro dh), Salvador Camarena , Daniel Lizárraga de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre los más destacados.

La lista de nombres es corta y creo que se irá incrementando conforme los flujos de información se vayan alimentando en los próximos días.

El gobierno mexicano, después de asegurar que sólo se realiza este tipo de vigilancia sobre criminales, aseguró a través de las instancias judiciales correspondientes que ya inició una investigación sobre los casos denunciados.

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