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Osorio, Yunes, PEMEX y el Huachicoleo

Por Rafael Marín Marín

La reunión pasada en Poza Rica, Veracruz, que tuvo como principales actores al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, así como otras autoridades federales y estatales, no fue una más de las que voces contrarias a mejores tiempos dicen realizan el gobierno de Veracruz y el federal.

 

Se trata de una reunión que sienta las bases a nivel nacional de una mejor coordinación que busca arraigarse en la gente, las leyes y las corporaciones policiales, para trabajar en coordinación en aras de evitar que el robo de combustible por “huachicoleros” se vuelva un modo de vida al margen de la ley de las comunidades que viven sobre ductos o cerca de ellos.

Tanto el gobernador como el secretario de Gobernación, fueron enfáticos y directos al decir que buscan a toda costa, romper la cadena que lleva el hidrocarburo desde la sustracción ilegal hasta su expendio, ya sea por huachicoleros, ya sea por gente que poco a poco se involucra sin medir el peligro, ya sea por gasolineros desleales.

Y es que, independientemente de las perdidas multimillonarias que deja el robo de hidrocarburos, lo más importante es garantizar la vida y el patrimonio de las personas, puesto que muchos ductos cruzan por varias poblaciones o cerca de éstas. Se busca a toda costa que no haya una desgracia de dimensiones incalculables.

Para ello es necesario un diagnóstico más efectivo y certero por parte de la autoridad y la paraestatal, donde se involucre por primera vez la variante de deslealtad institucional y la de rutas de ilicitud, lo cual significa que alguna autoridad pudiera estar  involucrada en la filtración de información, que es el patrón delictivo que se ha seguido en los últimos meses. Seguramente ello se concretará porque, reiteramos, el operativo echado a andar en Poza Rica, Veracruz, busca sentar las bases de una nueva modalidad para atacar el problema de sustracción, robo, traspaleo, distribución, acopio, venta y ganancias de este ilícito.

No es desconocido para nadie que el problema es serio y que lejos se está de terminar con el mismo solo atacando la ilicitud, porque existen comunidades que ya se involucran de alguna u otra manera, por lo cual las ofertas institucionales para que no participen deben ir enfocadas a recuperar el tejido social y sobre todo, advertir a los ciudadanos que se trata de delitos graves que pueden cancelar vidas al pasarlas en la cárcel, máxime si se involucra a jóvenes que empiezan a tener un trato de adultos en la legislación nacional.

Estamos a tiempo de revisar quienes tienen información privilegiada sobre rutas de Pemex y si ello hace el problema crezca. Si hay más involucrados y el grado de esto, pero sobre todo, debemos privilegiar y garantizar la seguridad y vida de las comunidades y personas que viven cerca de las tomas ya detectadas para que el problema allí no vuelva a surgir.

En épocas de avance e innovación tecnológica, las estrategias de ataque a la impunidad y la ilicitud deben ser más efectivas y fáciles, pero algo pasa y eso no sucede. Habrá que revisar en análisis retrospectivos donde debemos corregir la plana. Actuemos.  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

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