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La Detención  de Tomás Yarrington

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

La noche del pasado 9 de abril, el ex gobernador Tomás Yarrington fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia. Hasta ahora, la información que ha girado en torno a dicho suceso es poco clara y genera serias dudas acerca de sus verdaderos alcances. Ahora me explico.

Se sabe que, el ex funcionario público tamaulipeco, se encontraba al momento de su detención acompañado de un hombre de nacionalidad polaca, cuyos intereses en la región aún no son esclarecidos. También se conoce que, se encontraban en un restaurante y al salir del lugar rumbo a una plaza pública fueron interceptados por las autoridades italianas. Tampoco se conocen los intereses de Yarrington, para decidir habitar en aquel país. Por ello, la policía italiana lo ha interrogado en sus instalaciones y después inmediatamente lo trasladó a la cárcel de Sollicciano, para posteriormente ser posiblemente enviarlo a México donde es reclamado por las autoridades federales.

Hasta aquí, todo pareciera ser un procedimiento perfectamente normal o al menos de rutina. Pero si analizamos con mayor detenimiento la celeridad de los hechos, hay muchos detalles que nos hacen suponer que la rapidez judicial de este caso obedece más, a intereses extranjeros que nacionales. La identidad de su verdadero demandante no estaría en México, sino en Estados Unidos.

El ex mandatario priista es acusado por los gobiernos de México y Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, los cuales han generado una intensa persecución internacional en su contra. Son delitos que generaron la emisión de la ficha roja por parte de la interpol. Un mecanismo que se emite solamente para delincuentes peligrosos y muy codiciados por parte de las autoridades estadounidenses.

Pero hagamos un recuento del historial delictivo de este funcionario público para entender con mayores elementos el porqué, de esta persecución en su contra.

El imperio de Yarrington empezó su decadencia en noviembre del 2011, cuando apareció el cuerpo de Alfonso Peña Argüelles, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al empresario, Los Zetas dejaron un mensaje acusando al político priista de lavar dinero sucio por medio de Peña Argüelles. Nada pasó de allí.

Sin embargo, fue el Gobierno de Estados Unidos el que aceleró las cosas, como en otros casos similares.

El 30 de enero de 2012, la DEA acusó a los tres ex gobernadores de Tamaulipas, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores de tener nexos con el narcotráfico.

En una corte de San Antonio, Texas, la DEA amplio más el caso. Dijo que, Yarrington lavaba millones de dólares de Los Zetas y al Cártel del Golfo, mientras fungía como Gobernador de Tamaulipas. Antonio Peña Argüelles, hermano del empresario, fue el testigo protegido que diría eso. Dijo, además, que Yarrington tenía lazos fuertes con Los Zetas. También lo acusó del complot que llevó al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el ex candidato del PRI para la gubernatura por Tamaulipas en 2010.

Para mayo de 2012, el Gobierno de Estados Unidos ya trabajaba en casos contra Yarrington en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas. Se ordenó que se le confiscaran bienes y se le acusó además de recibir, mientras fue Gobernador, millones por la vía de extorsión y soborno.

Los norteamericanos le descubrirían un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas; propiedades valuadas en montos económicos muy por encima de la percepción económica que devengaba como funcionario público.

En mayo de 2013, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al ex mandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al Gobierno del estado. Lo interesante de dicha situación, es que la celeridad del caso en contra de este ex gobernador priista no provenía, por parte de la Procuraduría General de la República o la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, sino de la DEA y las autoridades locales de Texas. Vaya paradoja.

Pero, la razón por la que los norteamericanos querían realmente tener en su custodia a este nefasto personaje, se debe a que, de acuerdo con los documentos del gobierno estadunidense, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas de Tamaulipas desde hace casi dos décadas. Es decir, la acusación contra Yarrington Ruvalcaba señala que desde 1998 y “de manera regular”, tanto el Cartel del Golfo, como su entonces brazo armado, Los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos no sólo al ex mandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial de aquella región.

Entonces todo es más claro. El nombre del juego se llama inteligencia y contraespionaje en la guerra contra las drogas. A Estados Unidos no le interesa capturar a un lavador de dinero del cartel de Los Zeta o del Golfo. A Estados Unidos le interesa capturar a este ex gobernador, miembro operativo del crimen organizado, porque gracias a sus declaraciones podría involucrar a más funcionarios de la clase política mexicana; información valiosísima que podría ser utilizada en tiempos venideros por los estadounidenses para beneficios particulares. Estados Unidos juega su juego y ha decidido adelantarse al gobierno mexicano en este sentido.

La recaptura de Tomás Yarrington es una clara muestra del poder político norteamericano que, en concordancia con sus aliados europeos, nos demuestran una vez más la celeridad y efectividad que pueden tener las agencias de investigación en seguridad nacional a nivel internacional para dar con el paradero de uno de los principales operadores financieros y políticos del Cartel del Golfo y de los zetas en el estado de Tamaulipas. Lo que está por declarar Yarrington ante las cortes estadounidenses deberá ser un tema de agenda nacional.

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