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Los Dados de Dios

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¡No!, a la Confrontación Empresarios vs Gobierno

*Los Aciagos Hechos de 1982 y el Costo Para el País

*Urge Mayor Sensibilidad de las dos Partes en Conflicto

*Las Políticas Públicas no Deben ser a Contentillo ¿o sí?

POR NIDIA MARIN

Nadie quiere revivir los sucesos de 1980 y la confrontación entre el gobierno y la iniciativa privada. Ambos sectores tienen la obligación de aplicar la sensatez y buscar el punto medio para la resolución de un problema.

Hay ciudadanos que en las reuniones familiares recuerdan los tiempos en que un presidente de la República, en ese caso José López Portillo se confrontó con el empresariado.

Después de la devaluación del peso de 26.35 a 45 pesos por dólar en febrero de 1982, pasarían apenas cuatro meses, para que el primero de junio considerado “día de la debacle”, tras el descenso de los precios mundiales del petróleo, la petrolera mexicana Pemex decidió reducir los precios del crudo de exportación de 34.60 a 30.60 dólares por barril, fue despedido el titular de Pemex, Jorge Díaz Serrano y nombrado nuevo director Julio Rodolfo Moctezuma, quien aumentó dos pesos el precio del mencionado crudo. La consecuencia fue que muchos contratos de compra fueron cancelados y se redujeron 50% las exportaciones petroleras. En agosto el precio del barril llegó a 31.25 dólares.

El remate llegó el primero de septiembre de ese 1982 cuando el presidente de la República anunció la nacionalización de la banca y sobrevino la ruptura con el sector privado y los inversores extranjeros. Una de las peores crisis del país estaba en marcha.

No se puede decir que hoy ocurra lo mismo debido al insensible gasolinazo y la confrontante actitud de la Coparmex. Sin embargo, un posible rompimiento está latente después de que la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana no firmó el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, presentado por Enrique Peña Nieto, porque estos dirigentes empresariales en un comunicado para los medios de comunicación, consideraron que se requería que el mismo fuera “inclusivo”, producto de una profunda reflexión y de un “proceso de consenso social.”

La ira de este grupo de dirigentes empresariales radica en que después de haber conversado y acordado los conceptos una semana antes, el documento final fue entregada por el Gobierno Federal a las 11:00 horas del mismo 9 de enero, es decir dos horas antes de que fuera firmado públicamente.

Además, el texto de la Coparmex dejó entrever algo que les disgustó a los patrones, quienes consideraron: “el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.”

También expresaron estar en favor de lo que llamaron “un acuerdo real”.

El asunto es que, nuevamente, se está estirando la liga, después de lo terribles y ominosos que fueron los hechos sucedidos en el país durante los primeros días del año.

El gobierno tiene la obligación en las circunstancias actuales de fortalecer la competitividad y el mercado interno, a través del establecimiento de reglas claras. A su vez, la iniciativa privada debe cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales, además de evitar las manipulaciones de los problemas en favor propio o de algún partido de su preferencia.

Ciertamente no son todas las organizaciones empresariales quienes se han negado a signar el documento, sino solamente una. De ahí que las palabras del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, resulten reconfortantes:

“Es alentador que los representantes de los sectores productivos han plasmado su compromiso de enfrentar solidariamente las circunstancias actuales en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”.

A estas alturas del siglo XXI nadie desea vivir una crisis entre gobierno y empresarios “reloaded”.

Para eso es la política (que también ejercen los empresarios), para tomar en cuenta que en la democracia, efectivamente, no se puede cumplir con todas las promesas, pero es indispensable recalcar algo elemental: el pueblo se encuentra constituido por las personas y los grupos sociales que residen en el territorio puesto bajo la jurisdicción del Estado.

Por lo tanto, nosotros los ciudadanos comunes hacemos votos porque en este caso Coparmex vs gobierno no llegue la sangre al río.

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