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Los Privilegios del Poder

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Proyecto de Constitución de CDMX Queda a Deber en Materia Laboral

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

El proyecto de Constitución de la Ciudad de México, elaborado por un numeroso grupo de notables y avalado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue vendido a la sociedad como un documento vanguardista y de avanzada, con una serie de derechos, muchos de los cuales parecen parte de una propuesta electoral, ajenos a la realidad.

En materia laboral, salvo la pretensión de frenar el excesivo uso del outsourcing para eludir la ley y disminuir costos, el fomento del cooperativismo y el combate a la extorsión a empresas con emplazamientos de huelga, no cumplió con las expectativas que introduciría figuras progresistas en beneficio de sus trabajadores.

Ni siquiera los creadores desde proyecto fueron capaces de definir con precisión el apartado del artículo 123 constitucional bajo el que se regirán los trabajadores de la administración pública local. Se entiende que continuarán en el apartado B, de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 letra G incisos 1 y 5.

En efecto, la letra G “De las relaciones de las instituciones públicas de la ciudad con sus trabajadores”, en el inciso 1 establece: “Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la ciudad, en los organismos autónomos y en las Alcaldías (sic), tienen derecho a la libertad de asociación sindical y a la huelga, en los términos previstos por la ley, y gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución”.

Y el inciso 5 Reza: “Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y las intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos establecidos por la ley”.

Las condiciones generales de trabajo, son en el apartado B, lo que el contrato colectivo en el A. Y el tribunal es el equivalente a las juntas de conciliación y arbitraje -en proceso de desaparición para ser sustituidas por juzgados incorporados al Poder Judicial-.

Es decir, una vez aprobada la Constitución, corresponderá a la Asamblea Legislativa -en su carácter de Cámara de Diputados de la Ciudad de México-, analizar, discutir y aprobar una ley de los trabajadores al servicio del Gobierno de la ciudad, que debe contemplar la creación de figuras como un instituto de seguridad social -salvo que establezca una subrogación al ISSSTE, institución del gobierno federal- con obligación de garantizar pensiones jubilatorias -para quienes hayan cotizado antes de 2007- y otros derechos adquiridos; y del Tribunal Local de conciliación y arbitraje.

En la actualidad, unos 60 mil trabajadores de la Ciudad de México cotizan para una caja de previsión denominada Captralyr -incorporados a nómina ocho-, a través de la cual reciben servicios médicos -subrogados a particulares-, pensiones en sus distintas modalidades, préstamos y otros servicios.

Los creadores del proyecto de Constitución, fueron coordinados por Porfirio Muñoz Ledo, quien en la década de los setenta fue secretario del Trabajo y Previsión Social, por lo que se esperaba que en materia laboral impulsara ampliar derechos a los trabajadores del gobierno de la ciudad.

Incluirlos, por ejemplo, en el apartado A del artículo 123 constitucional, hubiera implicado una ampliación de derechos, al garantizarles el acceso a la negociación colectiva y la posibilidad de la huelga, como elementos fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

O bien, que se hubiesen establecido sanciones -incluido el pago de indemnizaciones y gastos y costas- a los funcionarios que despidieran de manera injustificada a trabajadores -de base y de confianza-.

La ciudad tiene un universo numerosísimo de trabajadores: sólo el SUTGCDMX cuenta con una membresía por encima de los 100 mil agremiados, más los del Poder Judicial, de la ALDF y de los órganos autónomos, a los que seguramente en un futuro se sumarán los de la educación -los cuales suman unos 200 mil-.

Y si bien es cierto que en el artículo 5 letra E número 5 inciso “b” se contempla el combate la “simulación en las relaciones de trabajo, especialmente las diversas formas de intermediación o externalización que tenga por efecto eludir el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes reciben los servicios”. Sin duda un avance importante.

El inciso “c” establece sanciones por extorsión con amenaza de huelga; en el inciso d se garantiza el respeto a la voluntad de los trabajadores en la elección de dirigentes y la representación proporcional; y en el inciso “e” se compromete a fomentar el cooperativismo.

PARA LA AGENDA

Confirmado el triunfo de Hugo Alonso por el liderazgo de la sección uno “Limpia y transportes” del SUTGCDMX, deberá buscar saber quiénes incentivaron el crecimiento de una oposición con la obvia intención de debilitarlo. De quién se sospecha es del grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre -vinculado familiarmente a un frustrado candidato a la secretaría general seccional- y de un delegado de los tres que tiene el PRI... Parece que hay quienes siguen sin darse cuenta del hastío popular ante los actos de corrupción: en Youtube circula un vídeo en el que se critica el acceso a la Cámara de Diputados sin mayores méritos que ser hijos de papi: es el caso de Alejandro Juraidini Villaseñor, hijo de Jorge Juraidini Rumilla, director general del organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México (Telecomms-Telégrafos) y actual senador de la República suplente y quien accedió -dice el vídeo bajo el sello 5o PoderMex- a una curul en representación del Estado de México al ser suplente de David Ricardo Sánchez Guevara, ex presidente municipal de Naucalpan, encarcelado por peculado…

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