Banner




Ud. está aquí

Artículo Invitado

Correo electrónico Imprimir PDF
mapa_de_mexico

¿La Constitucionalidad de la Conago?... y el Riesgo Real de Ingobernabilidad

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

La conferencia Nacional de Gobernadores (por sus siglas conocida como CONAGO) se puede entender como el cumulo de diversas reuniones que celebran los titulares del poder ejecutivo de todas y cada una de las entidades de la república mexicana.

La CONAGO es considerada como un foro permanente, en el cual se busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo el pleno respeto de las instituciones nacionales. Al menos eso está asentado en sus preceptos teóricos.

De igual forma, se concibe como un espacio incluyente, abierto a todas las regiones del país, sin distingos partidistas. Por estas razones, es interesante observar que la CONAGO se denomina a sí misma, como una institución la cual busca lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que le corresponden a los órdenes federal y estatal: de manera casi igual, esta convención tiene como objetivo impulsar la descentralización de las facultades entre federación y entidades y de manera general, discutir sobre las políticas económicas, políticas, jurídicas y sociales que tienen un impacto directo en la población mexicana y en la aplicación de las normas jurídicas y políticas públicas en los organismos subordinados a las entidades federativas.

La descentralización de las políticas públicas y sus impactos en todas las regiones del país pareciera ser el alma que le da vida a este organismo de gobernadores y gobernadoras.

¿Pero, de qué manera la Convención Nacional de Gobernadores se contrapone a la normatividad establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

Por principio de cuentas habrá que mencionar que constitucionalmente hay serias contradicciones legales a considerar en relación a los alcances planteados por la CONAGO y la carta magna.

De acuerdo a lo anterior podemos iniciar esta exposición a través del análisis del artículo 40 de la máxima ley de este país que a su letra versa lo siguiente:

“El pueblo mexicano se constituirá en una república representativa, laica, federal y democrática”. De igual forma, establece que las entidades federativas estarán unidas por el pacto federal con relación a los principios tutelados por la norma constituyente.

En este caso podemos observar que esta distinción no se cumple de manera cabal ya que podemos apreciar que la CONAGO no se ajusta de manera estricta a lo previsto por el numeral arriba mencionado debido a que podría decirse, se incumple con el aspecto representativo. Me explico. Se incumple por qué en la conferencia de los titulares del ejecutivo estatal, se toman decisiones que tienen por objeto alterar la política pública nacional, sin tener facultades normativas en rango constitucional para ello. Es decir, un órgano de gobernadores facultados cada uno de ellos para legislar en materia estatal dan propuestas y cambios normativos sobre políticas nacionales. Lo que no es un error, pero sin duda alguna sí una contradicción normativa.

La crítica a este hecho tiene fundamento en que, si bien es cierto que son un órgano de representación popular al haber sido elegidos mediante el voto democrático, se advierte que ellos son únicamente una representación de los tres poderes de sus respectivas regiones. En pocas palabras, tenemos constitucionalmente una insensatez normativa. No se puede hacer políticas públicas desde esta óptica.

Lo anterior se considera así, en virtud de que las agendas y acuerdos que se realizan en el mismo, son decisiones no legítimas ya que esas determinaciones tienen por objetivo la implementación de políticas públicas similares o incluso iguales, en distintas entidades federativas, lo cual se considera una invasión de competencias, pues esa es una facultad del poder legislativo, de tal manera que toda la normativa que emane de este órgano este cobijada tras el manto de la legalidad.

En contraposición a las resoluciones tomadas en la CONAGO, en donde acuerdos emitidos por distintos titulares del ejecutivo estatal tienen consecuencias -a mi parecer de manera injustificada- al modificar la esfera jurídica de otras entidades, rompiendo así con su legitimidad pues aquellos no fueron electos por la población a la que están interviniendo de manera directa. Aquí entonces tenemos un problema de legitimidad en el ejercicio del diseño e implementación de políticas públicas no respaldadas por un voto nacional sino regional.

En concatenación con lo anteriormente expuesto, podemos advertir que el artículo 26 de nuestra carta fundamental prevé una serie de disposiciones que buscan regir las actividades económicas para tratar de establecer un mejor desarrollo para la mayoría de la población, lo que se encuentra estrechamente vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se aprecia que puede existir un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad nacional y el pacto federal; toda vez que si los gobernadores de las distintas entidades federativas se encuentran a disgusto o en contra de algunas de las determinaciones hechas por el Presidente de la República, la CONAGO puede fungir como una herramienta mediante la cual los titulares del ejecutivo estatal pueden generar presión sobre el Presidente de la República para que acceda a sus peticiones.

De esta manera se genera un peligro a la gobernabilidad y estabilidad del país sin tener al menos una limitación legislada que regule a este tipo de reuniones, de tal forma que genera una inestabilidad en la división de poderes-incluso podría considerarse como un cuarto poder no previsto por el cuerpo constituyente.

Quizás este último escenario suena lejano, pero podría no serlo de crecer de manera acelerada y sin control sus alcances en el diseño y distribución de la miscelánea fiscal, por ejemplo.

Por último, considero importante resaltar que la importancia de limitar y legislar sobre las actividades que lleva a cabo la CONAGO servirá para nutrir el federalismo democrático de este país tras el manto del estado de derecho. Es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de esta nación que, los gobernadores externen sus puntos de vista sobre el impacto positivo o negativo de estas últimas, en sus regiones.

Sin embargo, también es necesario que lo hagan de una manera organizada y plenamente legislada a través de conductos institucionales regulados a través de la carta magna de esta nación. En caso contrario estaremos arriesgándonos a vivir el descontrol del diseño e implementación de las políticas públicas en México a merced de los intereses de unos cuantos y no en beneficio de las mayorías.

Escribir un comentario