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Del ABC Político

Saltan por Toda la República Acusaciones Contra Políticos de los Distintos Partidos

*Casi en Cada Relevo de Gobernador hay un Escándalo

*Saqueo de las Arcas Nacionales, Estatales y Municipales

*Basados en Hechos Descubiertos por la Auditoría Superior

*También por los Órganos de Vigilancia de los Congresos

POR GERARDO LAVALLE

A.- ¿Qué le pasa al país y a los políticos?

En cada relevo de gobernador de parte de uno que no es del mismo partido o inclusive del mismo, aflora la corrupción.

No vayamos lejos.

En Sonora gana la priista Claudia Pavlovich y brota el chorro de dinero sustraído por el que se fue: Guillermo Padrés Elías, del PAN.

En Nuevo León vence el independiente Jaime Rodríguez y el tricolor que gobernaba, Rodrigo Medina de la Cruz, está con un pie en la cárcel por desvíos que alcanzan los 6 mil millones de pesos.

En Zacatecas gana uno del mismo establo, Alejandro Tello Cristerna y salen los malos manejos del “compañero de partido”, Miguel Alonso Reyes por presuntamente haber avalado contratos amañados a favor de su hermano.

En Veracruz, el escándalo es mayúsculo: Javier Duarte de Ochoa, quien aún no entrega al enemigo y opositor Miguel Ángel Yunes Linares y ya enfrenta serias y documentadas acusaciones por no comprobar más de 40 mil millones de pesos.

En Quintana Roo, el PRI no quiso postular a Carlos Joaquín González y lo obligó a retirarse a otro partido con cuyas siglas ganó y ahora Roberto Borge Angulo está señalado desde desviar recursos federales y estatales hasta de haberse apropiado de decenas de predios y residencias.

En Chihuahua, César Duarte Jáquez suda la gota gorda porque el panista Javier Corral Jurado lo denunció desde hace dos años en la Procuraduría General de la República por

Peculado y ahora como futuro gobernador dice tener las pruebas de cómo adquirió un banco, además de millones de pesos no comprobados

En Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo es señalado por su exempleado, José Antonio Estefan Garfias, de haber desviado cuando menos 600 millones de pesos. El excandidato al gobierno del Estado perdió ante el priista Alejandro Murat Hinojosa, quien no acusa al que sucederá, no todavía.

En Tamaulipas, aunque el saliente mandatario Egidio Torre Cantú sostiene que deja “finanzas sanas”, el sucesor, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, dice lo contrario y ya ha habido señalamientos sobre los dineros recibidos por el Estado en materia de seguridad.

No se sabe qué ocurrirá en Sinaloa, en donde Mario López Valdez, no tiene en el sucesor, el priista, Quirino Ordaz Coppel, un aliado. Por el contrario. Y desde ahora hay versiones de que el crecimiento del narcotráfico y el fortalecimiento del cártel de Sinaloa, el de El Chapo Guzmán, se debe a las omisiones de MALOVA.

Solamente en Hidalgo y en Puebla, en donde ganaron los candidatos de los gobernadores salientes, José Olvera y Rafael Moreno Valle, el priista Omar Fayad Meneneses y José Antonio Gali Fayad, no se registran acusaciones entre los que llegan y los que se van.

Caso excepcional es Durango, en donde a pesar de haber perdido el candidato del PRI, Esteban Villegas Villareal, el vencedor de la contienda, José Rosas Aispuro no ha hecho denuncias en contra de Jorge Herrera Caldera, quien entrega otra plaza que nunca había perdido el PRI.

Y en Aguascalientes no se acusa a Carlos Lozano de la Torre de disponer indebidamente de los dineros públicos. El candidato del PAN, Martín Orozco Sandoval, vencedor en la liza electoral, es el acusado de malversación de fondos cuando trabajó de alcalde de la capital. La priista Lorena Martínez, junto con el equipo jurídico del CEN del PRI, impugnó la elección y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por emitir su fallo.

Queda claro que no estoy mirando al pasado. De hacerlo, no alcanzarían las 16 páginas de MISIÓN POLÍTICA para hacer pública la lista de lo que ya se sabe. De lo que se ignora, supongo que tendríamos que destinar varios números de este semanario.

B.- ¿Qué les pasa a los políticos?

A Emilio Portes Gil le atribuyen la frase “al término de cada sexenio surgen comaladas de nuevos ricos”. No sé si en verdad la pronunció, pero en todo caso la retomó José Ángel Conchello del PAN y nada más acertado que aplicarla ahora.

Las pruebas están a la vista. La corrupción, la impunidad, el saqueo de las arcas nacionales, estatales y municipales no es invento de nadie que sea adversario o enemigo de tal cual gobernador, presidente municipal, regidor o funcionario gubernamental.

Son hechos ocurridos y descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación en el caso de recursos federales y por los Órganos de Vigilancia de los Congresos de los Estados.

Hechos denunciados en las procuradurías correspondientes y que de manera sorprendente no son procesadas.

La osadía y el cinismo de algunos gobernadores que sabían lo que harían en sus sexenios, los llevó a modificar las a leyes locales en materia de anticorrupción para protegerse al término de sus mandatos.

La Procuraduría General de la República, en acciones nunca antes vistas, impugnó las leyes de tres Estados: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratamiento Fast-track, las sentencias favorecieron a la PGR.

Más allá de que la SCJN haya emitido sus fallos en contra de las leyes adelantadas, lo que debe llamar la atención es la forma en que tres gobernadores aún en funciones decidieron que sus acciones no pudieran ser juzgadas en ningún momento.

Sus mentes fueron más allá del ejercicio gubernamental para el que fuera electo. Y traían en mente las acciones que llevarían a cabo. No hay otra forma de entender lo que pretendieron fueran leyes aprobadas por los dóciles legisladores locales.

Revisar la prensa local, en donde a riesgo de perder la vida se denuncian los latrocinios, las desviaciones presupuestales, el saqueo de los recursos públicos para adquirir propiedades en diversas partes del país e incluso del mundo, pone en entredicho todo el entramado jurídico para contener, que no eliminar, la corrupción.

C.- ¿Qué les pasa a los políticos?

Con independencia de las sanciones que se hagan acreedores, si es que se demuestra que son culpables –la presunción de inocencia no se agota hasta que se comprueba lo contrario-, revisar que no solamente los gobernadores o funcionarios públicos del PRI son amantes de lo ajeno –aunque sea el pueblo el propietario- sino de todos los partidos, debe llamarnos a la reflexión: hacer política, ganar un cargo de elección popular o ser designado en algún gobierno, no puede ser patente de corso para cubrir todas las tropelías que se cometen en nombre del trabajo “fecundo y creador”.

Ya hay un Sistema Nacional Anticorrupción. Pero le faltan los dientes: las leyes secundarias.

Los congresistas, militantes de todas las fuerzas políticas, no se ponen de acuerdo para nombrar al Fiscal Anticorrupción ni al Fiscal Nacional.

Pareciera, por decir lo menos, que no tienen interés de frenar las acciones ilegales de sus “compañeros de partido” y que alargando el tema lo más posible para sacar adelante las leyes, llegarán la penúltima y después la última “¡comalada de nuevos ricos!”.

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