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La Democracia del Siglo XXI en Confrontación con el Sistema Ancestral de Usos y Costumbres

*Pretenden Imponer Condiciones, Como en el Derecho a la Mexicana

*Ellos Tienen una Lógica Distinta Entre lo Colectivo y en lo Individual

*Injustificable la Violencia, sea en San Juan Chamula o en Nochixtlán

*Mediante Cuotas Partidistas las Mujeres no Alcanzarán Posiciones

POR AURA MINA

Complejo, es lo menos que señalan académicas expertas en el estudio de usos y costumbres de nuestro país.

Surge el planteamiento: el sistema político de partidos ha pervertido las comunidades indígenas, cuya forma de organización no solamente debe ser imitada sino fomentada.

Son tres mujeres las que hablan a MISIÓN POLÍTICA.

Es la democracia occidental la que devasta el uso y la costumbre. Es la cuota de género la que propicia irritación de quienes no saben ser mandados por una mujer.

Es el no entender la manera de pensar de los indígenas o de quienes por sus venas corre sangre de antepasados indígenas.

Tres académicas de la UNAM, la UAM-Xochimilco y la Iberoamericana.

Estudiosas de los orígenes, de las formas de convivir y de sobrevivir.

“Los partidos políticos pervirtieron los usos y costumbres. Los indígenas estaban acostumbrados a servir a sus comunidades. A participar en la realización de obras. Pero llegaron los partidos políticos y ofrecieron dinero. Ofrecieron obras. Y el presidente municipal invirtió para ganar y, por supuesto, para recuperar la inversión”, dice la doctora Dolores Camacho Velasco, investigadora y académica del Centro de Investigación Multidisciplinaria sobre Chiapas y la Frontera Sur.

Ella se fijó en San Juan Chamula. Ella hablo de Chenalhó.

Para la doctora Marisol López Menéndez, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Iberoamericana, los derechos indígenas no son estáticos, están en evolución permanente, están vivos. “El problema de los usos y costumbres es que se quieren imponer condiciones, como el derecho a la mexicana y ello ha producido una despreocupación del Estado por la situación de los indígenas, que mantienen sus raíces”, explica.

Porque, añade, para los indígenas su cosmovisión no acepta el derecho positivo y por ello mantienen viva la acción de usos y costumbres.

Mientras, la doctora Verónica Rodríguez Cabrera, profesora de cultura y política, antropóloga y socióloga en desarrollo rural, sostiene que la democracia, como la practicamos no empata. “Es otra lógica, de la democracia como se piensa en países occidentales, o como se reduce al individuo o al derecho individual; estamos pasando aquí por una lógica distinta, cuando tratamos de superponer lo individual de lo colectivo. Claro que esto no es un debate, no quiere decir que todo lo colectivo tenga que superponerse a lo individual, especialmente cuando también estamos hablando de derechos que competen a una población que probablemente ha sido mucho más preparada o que han sido más marginados o que también se les ha negado sus derechos a las mujeres dentro de los usos y costumbres.

“Sí me parece que en un dialogo mucho más de ida y vuelta, podría convertirse en un proyecto mucho más acorde a lo que se requiere en las comunidades”.

Dolores Camacho Velasco, experta en indigenismo, usos y costumbres en las comunidades chiapanecas, habla de la violencia registrada en San Juan Chamula, en donde la población depuso al presidente municipal y lo mató.

Trata de discernir si los usos y costumbres están por encima de la ética y la ley.

“Es un asunto muy complejo, es un asunto difícil de entender qué fue lo que sucedió, pero la visión que tenemos quienes hemos trabajado durante muchos años siguiendo este tipo de sucesos en las poblaciones indígenas y en todo Chiapas en general, es que este es el resultado de una serie de acontecimientos de largo plazo, no de valor inmediato, sino que han estado deviniendo en una serie de situaciones desde hace mucho tiempo”.

(Es cuando reflexiona cómo los usos y costumbres se han alterado desde le visión política-partidista).

Creo que lo que sucedió en este pueblo en particular –añade-, es que se han venido violentando eso que se ha llamado usos y costumbres; con esto no quiero decir que los usos y costumbres sean la mejor forma de organizarse socialmente y la mejor forma de vida, porque hay una serie de cuestionamientos a la manera en que funcionan, por una cadena de violaciones que han sido ya detectadas, a raíz de lo que se llama usos y costumbres, sobre todo en lo que se refiere a la participación política de las mujeres, que tienen ciertas limitaciones, lo que se ha llamado violación a los Derechos Humanos, por sectores o minorías.

Es decir, que existe una hilera de cuestionamientos a los llamados usos y costumbres, sin embargo, hay que reconocer que las poblaciones indígenas, tienen una organización social-política desde hace muchos años que fue violentada con la introducción de lo que es el sistema político mexicano, es decir los partidos políticos, entonces lo que sucedió ahí es que en un primer momento, como es obvio en todo el país, el primer partido político que funcionó fue el PRI.

(Aún queda tema por desarrollar. Es complejo, como lo insiste y porque conoce el sistema de usos y costumbres de las comunidades chiapanecas, especialmente).

Damos paso a la doctora Rodríguez Cabrera. Habla de lo ocurrido en Nochixtlán. Y no justifica que por el uso y la costumbre, emerja la violencia.

“Yo creo que la violencia no puede justificarse ante ninguna situación, ni siquiera en la casa, mucho menos en las comunidades, cuando están planteando demandas en algunos sectores que resultan justas, o cuando en algunas comunidades resultan todavía válidas y con vigencia.

“Parece que se está haciendo una costumbre para el Estado que en vez de entablar un dialogo y solucionar los problemas que se presentan en las entidades, en las comunidades, la receta es violentemos y después sentémonos a dialogar con los pueblos para ver de qué se trata el conflicto, frente a lo que ellos consideran que es una afrenta a lo que es la gobernabilidad en el Estado”.

Conoce lo que pasa en Oaxaca. Muestra simpatía por los movimientos sociales que defienden su cultura y su forma de ser. Abunda en el tema y sin cortapisa alguna, explica después de escuchar: ¿Diría que no se respetó el uso y costumbre de la población y se llegó y actuó arbitrariamente?

“Más que uso y costumbre yo diría que es una trayectoria política que está ligada a demandas justas de una población, que está manifestando malestar, este malestar se ha estado centrando en todo lo que es la Reforma Educativa y que no nada más involucra al Estado sino a todo el país, todos hemos vivido los cambios que está involucrando la política educativa no solo en el sistema de evaluación sino en lo que va a afectar a la vida cotidiana de la población, que aunque no se diga que se privatiza, si vendrán impactos muy importantes para la vida de las personas.

“En Oaxaca es toda una tradición, ya que la lucha política se articula a los usos y costumbres para hacer visibles las demandas de la población a través de la toma de carreteras, del cierre de entradas hacia puntos económicos, que resultan atractivos o que son un eje prioritario para la economía”.

(Usos y costumbres ancestrales que se trasladan a la globalización económica).

La doctora Marisol López Menéndez estima que por ejemplo, la paridad de género, deben darse en función de las costumbres, de los usos que tienen las comunidades que los practican.

“No es mediante cuotas partidistas, que se establecen en la Constitución, como las mujeres alcanzarán las posiciones de gobierno. Es, entendiendo las formas del pasado, de centurias, de organización, de convivencia, de servicio a la comunidad. Hay ejemplos de cooperación por los usos y costumbres que han permitido la sobrevivencia de las comunidades. Ahí está el tequio. Una manera de que todos y todas participen en la mejoría de sus comunidades. No será por la vía de la imposición de los partidos políticos o de los gobiernos federal y estatal, como se avanzará. Los usos y costumbres no son un lastre, son un ejemplo”, sostiene la académica de la Iberoamericana.

La doctora Dolores Camacho Velasco habla de Chenalhó. Sin rodeos recuerda lo ocurrido con la presidenta municipal, Rosa Pérez, quien fue desconocida por la comunidad. (Por cierto, el Tribunal Electoral de Chiapas está por resolver la reinstalación de la alcaldesa, con lo cual las brasas que comenzaban a extinguirse, se encenderán de nueva cuenta).

Dice Camacho Velasco:

“Hay que reconocer que tienen una forma de funcionamiento diferente a otras poblaciones. En Chenalhó, fue destituida la alcaldesa porque no se aceptó que una mujer gobernara. Creo que en parte eso es cierto, pero hay otra parte que no se ha dicho y es que el hecho fue propiciado por las cuotas de los partidos, porque se eligió a alguien no por ser mujer sino porque era la esposa de un político, o sea una mujer que estaba relacionada con un hombre en el poder. Entonces lo que se hizo fue cumplir con la cuota de género, pero no se eligió a una mujer que tuviera el respeto de la población, sino a una mujer que tuvo un hombre atrás apoyándola”, recuerda.

El complejo concepto de usos y costumbres en las regiones indígenas.

 

PARA RECUADRO

Desde la redacción del artículo segundo de la Constitución de 1917, se estableció el respeto a los indígenas. Con el paso de los años, fue reformado y ahora, en el papel, los indígenas, herederos de los usos y costumbres de sus ancestros, tienen toda la protección. De ahí la importancia de conocerlos.
A continuación el texto del artículo segundo:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. (Fracción reformada DOF 22-05-2015)

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

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