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Del ABC Político

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*Satanizando la Universalización de los Servicios de Salud

*Los Cambios, Para Evitar la Subutilización de Instalaciones

*Recorte al Seguro Popular ¿Dónde Quedó la Justicia Social?

*Y no Llega la Propuesta Para Encabezar la Fiscalía Nacional

POR GERARDO LAVALLE

A.- Insistentemente se habla: quieren privatizar la salud pública.

Lo dicen trabajadores del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud.

Lo difunden a través de redes sociales o lo gritan en sus marchas. Lo escriben en sus pancartas.

Sin embargo, nadie ha podido demostrar que eso sea verdad.

Hasta ahora el maquiavélico proyecto de cobrarles a los derechohabientes del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a los no afiliados a ningún sistema de salud y que son atendidos en los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, no se encuentra por ninguna parte.

Pareciera que algún mago lo desapareció o que nunca existió.

Sorprende que los propios trabajadores de los tres organismos, que conocen cómo se opera administrativamente cada uno, sean los promotores de la acusación: el IMSS se privatiza… el ISSSTE se privatiza… la SS se privatiza.

Para ninguno de los afiliados con derechos plenos es desconocido que cuando menos el IMSS y el ISSSTE subrogan servicios. Lo hacen porque no cuentan con las instalaciones, la especialidad, la suficiente capacidad de atención. Ello no representa privatización.

Es lo contrario: significa servicio a sus derechohabientes.

Hace unos días el tema, viejo por cierto, cobró fuerza cuando el director del ISSSTE, José Reyes Baeza hizo el anuncio de que “la Universalización de Servicios de Salud no significa cambiar de institución ni privatizar. Se creará un catálogo de intercambio de algunos servicios entre las instituciones del Sector Salud para atender con mayor eficacia a los derechohabientes”.

Por si alguien no lo entendió, ratificó: “Debemos decirlo fuerte, claro y contundente: el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud suscrito entre instituciones del Sector Salud federal y estatales no significa portabilidad ni privatización”.

Poco después, el secretario de Salud, José Narro Robles, expresó que se busca no tener instalaciones subutilizadas.

¿Qué significa? Que si en el ISSSTE se tiene un servicio del que carece el IMSS o a la inversa, se enviará al paciente.

Algo que tiene mucho sentido, pero que nadie observaba en aras de conservar sus cotos de poder.

El crecimiento de los afiliados al IMSS y al ISSSTE es más el elevado en número de atención que los que otorga la Secretaría de Salud. Requieren de recursos financieros con los que no cuentan las instituciones. No hay suficiencia. El haber “descubierto” que existen instalaciones y servicios subutilizados representa que se aprovechará la capacidad instalada de cada una de las instituciones.

Así, los médicos, enfermeros (as), anestesiólogos, personal administrativo dejarán de “disfrutar de sus tiempos libres”. Porque eso es lo que menos deben tener quienes forman el personal de las instituciones de salud.

He comentado en repetidas ocasiones que México sin el IMSS y sin el ISSSTE no es imaginable. Son las instituciones que le otorgan mejor nivel de vida a cuando menos 65 millones de personas. Sí, es verdad, la atención es pésima, deshumanizada en ocasiones, pero al final del túnel se otorgan los servicios.

¿A qué gobierno se le ocurriría la peregrina idea de echarse encima al pueblo?

De suyo, los problemas que vive el país por la falta de atención a los válidos reclamos de la sociedad son suficientes como para buscarle tres pies al gato sabiendo que es hidráulico.

B.- En el mismo tema de la salud, sorprende, que en los recortes presupuestales de este año uno de los programas más afectados sea el del Seguro Popular.

Sin duda alguna que otros 40 millones –más o menos, no importa la cifra- dependen el Seguro Popular. Se sabe y es público que faltan clínicas, medicinas, profesionales de la salud.

Sí, pero hay cuando menos la atención primaria.

De ahí la pregunta: ¿por qué recortar el presupuesto al sector más necesitado?

Nadie y menos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ofrece una respuesta. Su anuncio fue claro: son recortes al gasto corriente del Gobierno Federal.

Sin embargo, los dos rubros más afectados fueron Salud y Educación, ambos con 6 mil 500 millones de pesos.

El recorte llegó a 13 Secretarías de Estado. Pero ¿qué cree usted? A la de Hacienda y Crédito Público no se quitó un solo céntimo.

En el de Salud, se informó que el Seguro Popular registrará el mayor reajuste.

Si bien, como digo líneas arriba, hay deficiencias en la operación de este programa, millones de personas que no trabajan en una empresa privada y por tanto no cuentan con los servicios del IMSS o no son empleadas de los gobiernos en sus tres niveles, hallaron en el Seguro Popular una instancia en la que encuentran aunque sea los primeros auxilios.

El presidente Enrique Peña Nieto ha incrementado el apoyo para los usufructuarios del SP y de pronto le cortan una más de sus millones de patitas.

¿A dónde irán aquellos que no cuentan con el seguro de gastos médicos mayores?

Seguramente a dar a luz en un sucio jardín o a morir de diabetes sin tener en dónde les den medicamentos.

¿Dónde quedó la justicia social e igualitaria de la que habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

C.- Javier Duarte de Ochoa enseñó el camino. Roberto Borge Angulo lo imitó. César Duarte Jáquez, no ha dicho nada y Egidio Torre Cantú se quedó pasmado.

De qué le hablo: de la creación de la Fiscalía Estatal cuyo titular tiene, como los gatos, 9 años de ejercicio y calidad de “inamovible”.

¿Por qué esperar al último año cuando se sabe que se perdió la sucesión gubernamental para enviar la iniciativa que reforme la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General?

Si peco de ingenuo, es simplemente porque no había condiciones en años anteriores.

Si pienso mal –que es una de las virtudes de los periodistas- diré que es para que quien se vaya no sea tocado en los siguientes años, cuando menos a nivel estatal.

No me queda claro si el Fiscal, autónomo constitucionalmente, responderá a los intereses del que se va.

Si en verdad tiene las facultades que le permiten no ser intimidado por el que se fue no presionado por el que llega, entonces reconoceré que las cosas sí están cambiando y aunque la propuesta sea de Duarte o de Borge, la libertad de acción del Fiscal no garantiza la impunidad.

El tema deja muchas dudas si uno voltea la mirada hacia el Sistema Nacional Anticorrupción que, sin duda, es un avance pero no la panacea para combatir la impunidad y la corrupción.

Después de dos años de aprobada la reforma Constitucional en la materia, apenas se llega a las leyes secundarias con sus parches antes de entrar en vigor.

Lo que llama la atención: no llega la propuesta para encabezar la Fiscalía Nacional.

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