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Los Privilegios del Poder

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¿Trabajadores Inconformes Contribuyeron en Derrota del PRI?

*El Fondo de la Desmovilización del Sindicalismo en Nuestro País

*Necesario Erradicar a Funcionarios Escandalosamente Enriquecidos

*Contradicciones en el Triunfo de Morena en la Ciudad de México

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

Uno de los factores que seguramente influyeron en el voto en contra del PRI que se tradujo en la pérdida de siete gubernaturas, es el descontento de miles de trabajadores con el deterioro en sus condiciones de vida y la incapacidad para generar empleos productivos que se ofertó para justificar la reforma a la Ley Federal del Trabajo promovida por el PAN y que el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió como suya.

Otro factor es la reforma educativa, en la que se aprovechó para introducir medidas laborales corrosivas para los derechos de los trabajadores, sin reparar siquiera en las contradicciones con que incurre con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que establece el procedimiento para el cese. Se optó por una solución simplista como la baja meramente administrativa y el encarcelamiento de dirigentes sindicales desde Elba Esther Gordillo hasta Rubén Núñez, para inhibir las protestas en contra.

El gobierno pierde de vista la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Se enterró el espíritu social protector del artículo 123 constitucional. Los maestros, en la actualidad se encuentran en total estado de indefensión, sin estabilidad laboral, con presiones de alumnos, padres de familia y trámites burocráticos que se traducen en una especie de terrorismo laboral.

Esa fue una reforma laboral en la práctica, con la evidente intención de disminuir los derechos a los trabajadores, lo que se ha traducido en un revuelta de maestros que buscan preservar sus legítimos derechos, frente a una actitud intransigente del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, de sentarse a discutir en busca de acuerdos consensuados, en una posición irreductible a la radicalización de posiciones.

Sin duda, habrá quienes aplaudan la detención de dirigentes sindicales, como ocurrió en el caso de la maestra Gordillo que no era contraria a la reforma educativa, pues lo que buscaba era que la pérdida de derechos de los trabajadores no fuese tan radical. No es con el deterioro laboral con el que se mejoran programas educativos.

La inconformidad de los trabajadores empezó a incubarse desde el inicio de este gobierno, al hacer suya una reforma laboral conservadora, promovida por Felipe Calderón. El PRI pagó los costos de una bandera del PAN que los capitalizó.

Y ello fue así, porque la reforma fue propuesta por Calderón, quien incluso la promulgó para que iniciara vigencia el 1 de diciembre de 2012, justo cuando inició el gobierno peñista que, de esa manera, avaló medidas como el tope a un año el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado, legalizó el outsourcing e introdujo los contratos a prueba.

El abaratamiento en el despido, sin que hasta ahora los juicios laborales se acorten para justificar esa decisión que ha dañado las ya de por sí deterioradas condiciones de los trabajadores; y la permisividad gubernamental para sancionar los excesos en la contratación mediante empresas outsourcing, así como el incumplimiento en la creación de empleos productivos para los jóvenes, ha devenido en un creciente descontento entre los trabajadores.

Un trabajador que es despedido sin justificación, se enfrenta a una cruel realidad: un juicio que se alarga hasta por cuatro años, para que la Junta de Conciliación lo presione para que acepte una indemnización a lo sumo del 70 por ciento que se reduce aún más por el pago de los servicios profesionales de un abogado.

La desmovilización del sindicalismo, es consecuencia de las negativas campañas en contra de los dirigentes, presentándolos como los individuos más corruptos. Los hay, sin duda y cuyo comportamiento debe ser combatido. Pero también se debe buscar la erradicación de funcionarios que se enriquecen escandalosamente del erario público, beneficiándose de créditos preferentes, precios disminuidos y otro tipo de privilegios.

La irritación de los trabajadores con el PRI no ha hecho explosión de manera pública; pero no significa que no exista. En el Distrito Federal, por ejemplo, es contradictorio que el PRI sólo haya logrado 153,034 votos, de una votación válida de un millón 972 mil 834, de los cuales la mayoría parte la captó el Partido Morena.

Es una contradicción porque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al frente de lo que era el Distrito Federal, los trabajadores de la ciudad sufrieron recortes severos en sus prestaciones, lo que causó una irritación silenciosa que hasta ahora no ha sido olvidada. Sólo a manera de ejemplo, en esa gestión se les monetizó la prestación de vestuario, la cual era una de las más apreciadas por la calidad de las prendas que recibían.

El PRI, al apoyar de medidas conservadoras, ha ido alejándose de manera paulatina de los trabajadores. Nadie ha levantado la voz, por ejemplo, para exigir que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que obligue a los bancos a reconocer que los trabajadores que contrata a través de empresas outsourcing -creadas por las mismas instituciones en algunos casos- y les paguen utilidades, una prestación constitucional.

PARA LA AGENDA

La irritación electoral en contra del gobierno peñista, tuvo también orígenes entre muchos priístas, inconformes porque en la administración pública federal conservan posiciones una enorme cantidad de panistas. En este espacio hemos dado cuenta que el encargado del manejo de la distribución de miles de televisiones digitales, fue Javier Lizárraga Galindo, quien en la última etapa de la gestión de Felipe Calderón fue director general del organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México (Telecomms-Telégrafos), en el que destacó por un exacerbado antilaborismo que lo llevó a cancelar prestaciones económicas que, su sucesor, Jorge Juraidini, ha sido incapaz de restablecer, no se sabe si por incapacidad o por soberbia, pese a la cercanía con Emilio Gamboa Patrón, del que es suplente en el Senado. El caso es que Lizárraga Galindo, hasta hace poco era un orgulloso panista del grupo de Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, lo que explicaría las razones por las que Mónica Aspe Bernal lo mantiene en la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT... Ayer la Dirección de Administración del ISSSTE a cargo de Minerva Castillo, debió dar a conocer los nombres de las empresas ganadoras de la licitación LA-019GYN006-E2-2006 para uniformes y ropa de trabajo por más de 300 millones de pesos. ¿Se mantendrán los privilegios pese a que tienen antecedentes, o actuará como Juan Manuel Verdugo, que pese a saber quién está en su nómina, ha optado por hacerse el desentendido? En la próxima entrega daremos cuenta de los resultados...

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