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Los Privilegios del Poder

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Créditos Hipotecarios Para Trabajadores del Estado por 2 Millones 100 mil Pesos

*Fructifica la Negociación Cuando es con Argumentos

*Consecución de Logros Para Mejoría de Trabajadores

*La Resolución de la Corte Respecto a las Pensiones

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

El acuerdo para que los trabajadores del Estado accedan a créditos hipotecarios por 2 millones 100 mil pesos en base a su capacidad de pago y de acuerdo a su salario y prestaciones económicas permanentes, es una medida de excepción en materia laboral del país.

El anuncio fue hecho en el marco de la conclusión de las negociaciones entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y permitió un aumento del 5.1 por ciento a los ingresos de los servidores de base del Gobierno federal, porcentaje del cual 3.8 por ciento es directo al salario.

El incremento a los trabajadores públicos se aplicará de la siguiente manera: retroactivo al 1 de enero para los administrativos y servicios generales, y a partir del 1 de mayo para los del sector salud. La FSTSE cuenta con una membresía de 2 millones 280 mil trabajadores.

En el caso de los créditos hipotecarios por 2 millones 100 mil pesos, serán aplicables para los trabajadores del Estado en general y no únicamente para los afiliados de la central que preside el senador Joel Ayala Almeida.

El anuncio de los acuerdos con la SHCP, realizado por el senador Ayala Almeida, son consecuencia que la negociación con argumentos permite la consecución de logros que permiten a los trabajadores del Estado mejorar sus condiciones de vida respecto al resto del movimiento obrero.

Marca, además, un distanciamiento de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, país donde el jueves pasado se cumplieron tres meses de enfrentar una revuelta popular provocada por un proyecto de reforma laboral impulsada por el gobierno socialista de Francoise Hollande, con huelgas, enfrentamientos entre inconformes y policía. La administración pretende frenar el crecimiento del desempleo -del orden del 10 por ciento- con una propuesta liberal pero que capta el rechazo del 75 por ciento de la población.

Las medidas que mayor oposición de esa reforma laboral generan, son el artículo 2 que pone por encima de acuerdos generales, los alcanzado entre empresas y sindicatos en lo particular, así como las facilidades para despedir trabajadores. El proyecto, se considera, siguió el modelo de la reforma laboral de España de marzo de 2012, en una coincidencia adicional, ya que su impulsor principal en la actualidad es el Primer Ministro Manuel Valls, y su crítico más severo es el dirigente de la todavía poderosa central CGT, Philippe Martínez, ambos de origen español.

El proyecto El-khomri como se le conoce, no es de la profundidad de la reforma laboral en México -vigente desde el 1 de diciembre de 2012-, entre cuyas medidas limita a un año el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado y que ya fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Facilitando el desempleo no se crea empleo; eso es una estupidez. Hay que retirar el proyecto. En Alemania hay poco pero por las reformas, pero hay bajos salarios con los que no se puede vivir. Si nos tenemos que adaptar a un mundo que funciona mal, no estamos de acuerdo; es una utopía”, citó el periódico español El País el 25 de mayo a declaraciones del dirigente de la CGT francesa.

“Cada vez hay más pobres en Europa y, en cambio, los dividendos de las grandes empresas crecen. Hacen dinero a base de la miseria del mundo”, sostuvo Phlippe Martínez.

Consecuencia de la reforma en nuestro país, sólo en el último año un millón 237 mil mexicanos se sumaron al grupo de trabajadores con ingresos hasta de un salario mínimo, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Así, el número de trabajadores con ingresos de hasta 73.04 pesos diarios se ubicó en 7 millones 894 mil en el primer trimestre de 2015. A este grupo le beneficiará el aumento al salario mínimo que en estos días anunciará el gobierno federal.

En contra parte, los ministros de la Corte tienen derecho a jubilarse con una pensión mensual de 258 mil 679 pesos, equivalente al 100 por ciento de su salario los dos primeros años, y l ego el 80 por ciento del mismo. Reciben además apoyos en gasto de alimentación, un seguro de gastos médicos mayores y contar con cinco trabajadores pagados por el Año Tribunal.

Ministros que gozan de esas prestaciones, son Guillermo Ortiz, Sergio Aguirre, Mariano Azuela Género Góngora, Juan Dios y Olga Sánchez Cordero.

La Corte resolvió recientemente que los trabajadores asegurados en el IMSS tienen derecho a una pensión equivalente a sólo 10 salarios mínimos, aún cuando ese instituto tomó la decisión que mantendrá el tope máximo de hasta 25 salarios mínimos.

La reforma laboral en nuestro país se ha traducido en general en precarización de salarios y prestaciones de los trabajadores, con la excepción que representan los afiliados a sindicatos que forman parte de la FSTSE.

PARA LA AGENDA

Hugo Alonso Ortiz, enfrenta, al interior de la sección uno “Limpia y Transportes” del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México (SUTGCDMX), una revuelta que parece haberse fijado como objetivo incidir en las elecciones de su relevo en octubre próximo. En un ambiente revuelto, luego que a mediados del mes pasado abortó la intentona de Juan Ayala Rivero de la perpetuidad de los dirigentes bajo la guía de Alonso Ortiz, todo parecía indicar que había condiciones para un cambio en la dirigencia de ese sindicato después de las elecciones del pasado domingo; sólo que Miguel Ángel Vázquez -¿recuerda el papel que jugó en 2004 en la destitución de José Medel Ibarra ordenada por Andrés Manuel López Obrador?-, está convertido en dique de los secretarios generales. Un problema adicional es que el secretario general de la sección uno se opuso a la reforma estatutaria, presionado ante la posibilidad de ser rebasado por su disidencia, especialmente por el grupo "1+1", sin los 30 mil pesos como sostiene Alonso Ortiz por venta de plazas. ¿Quién, es conveniente preguntar, en el gobierno de la ciudad apoya a Ayala Rivero para su permanencia al frente del SUTGCDMX, y quién instruyó se echara abajo su pretensión de la perpetuidad?...

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