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Los Privilegios del Poder

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Debilidad de los Sindicatos Bancarios Ante el Outsourcing

*Advertencia de que va en Aumento la Terciarización

*En Realidad Buscan Reducir los Costos Laborales

*Vulnerada la Negociación de los Trabajadores

POR VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN

El reparto de utilidades a los trabajadores, en mayo de cada año, es una prestación económica prevista por la Constitución Política en el artículo 123, pero cada vez es mayor el desuso que se agudizó con las reformas a la ley laboral de 2012 con la legalización del outsourcing o terciarización.

Y esto es así porque los trabajadores no forman parte de la nómina para la empresa a la que sirven, sino lo son de la que los contrató, la que a su vez ofrece servicios a aquella. Lamentablemente la terciarización está convertida en la figura jurídica preferida para reducir costos laborales.

El caso más conocido es el de la banca. Pero también empresas de autoservicio, restaurantes, hoteles incluso dependencias públicas recurren a la contratación mediante terceros, pese a que violen lo dispuesto por los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo sin que hasta ahora ninguna autoridad laboral obligue su observancia.

Hasta el primer trimestre del presente año, la banca contaba con un total de 223 mil 934 trabajadores, de los cuales 118 mil 523 fueron contratados por las instituciones, mientras 105 mil 411 por empresas outsourcing. Es decir, casi la mitad de ellos, legalmente no son bancarios, por lo que no tienen derecho al reparto de utilidades que regulan los artículos que integran el capítulo VIII del Título III Condiciones de Trabajo de la LFT.

Sólo durante los tres primeros meses de este año, la banca en su conjunto en nuestro país registró utilidades por 26 mil 803 millones de pesos, de los cuales el 10 por ciento corresponderían a sus trabajadores por reparto de utilidades.

En 2015, las utilidades de las instituciones bancarias ascendieron a 98 mil 753 millones de pesos, cantidad que represento 6.5 por ciento más de la obtenidas un año antes y que alcanzaron la cantidad de 93 mil 810 millones de pesos y de la cuales los siete bancos más importantes -BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Inbursa, HSBC, Santander y Scotiabank- concentraron el 83 por ciento de las mismas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), BBVA Bancomer sólo tiene un trabajador contratado de manera directa y 30 mil 47 a través de terceros o outsourcing. Desde 2007 ese banco transfirió la relación laboral a una empresa que previamente creó y que implicó, entre otras cosas, el cambio de denominación del sindicato que agremia a los trabajadores, con reconocimiento

Los 30 mil 735 trabajadores de Banamex fueron contratados de manera directa; pero Banco Compartamos -que es de su propiedad- sólo tiene uno directo y 17 mil 418 están bajo la figura del outsourcing. Banco Azteca no tiene trabajadores en su nómina, debido a que los 30 mil 490 con que cuenta, los tiene mediante terciarización.

Otros bancos como HSBC, de sus 16 mil 600 trabajadores, 14 mil 907 son directos y mil 1693 lo están a través de outsourcing; y Santander de una plantilla de 17 mil 691, la mayoría, 14 mil 721 son directos y 2 mil 970 lo son mediante terceros.

Una encuesta de la firma KPMG México, arrojó que una tercera parte de las empresas del país, aumentarán la contratación de servicios a través de empresas outsourcing en los próximos tres años, bajo el argumento que se trata de una herramienta que agrega flexibilidad y poder de maniobra.

La terciarización es una figura jurídica que permite, en los términos dogmáticos, a las empresas contratar servicios que no firman parte de sus objetivos. Por ejemplo, la contabilidad, limpieza, vigilancia entre otros, toda vez que puede implicaría desvío de la finalidad a la que están enfocados.

Incluso antes de las reformas a la Ley laboral -en vigor desde el 1 de diciembre de 2012- era común que incluso dependencias públicas contrataran los servicios de vigilancia y aseo, para no desviar de de su función fundamental. Lo mismo ocurría en empresas par oculares; pero no en la banca.

El problema es que la legalización y la flexibilidad en la aplicación de la norma, ha sido interpretado como una oportunidad para reducir costos laborales, pagándoles a los trabajadores las prestaciones mínimas que la Ley establece, frente a la debilidad de los sindicatos, incapaces de emprender una defensa de sus conquistas.

Sólo determinados grupos de trabajadores mantienen capacidad de negociación. Gremios importantes como los petroleros y los electricistas enfrentan embestidas de las empresas para que reducir lo que denominan pasivos laborales y que no sin otra cosa que reducción de los derechos.

En la Comisión Federal de Electricidad, se busca que los trabajadores con hasta 20 años de antigüedad reciban una indemnización. A cambio de jubilarse mediante cuentas individuales. Previamente el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes del Villar, fue sometido al desprestigio público por enriquecimiento.

El dirigente de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, enfrenta el desprestigio como consecuencia de la ostentación con la que se conducen él y sus hijos, con automóviles valuados en millones de dólares, joyas, viajes. Injustificable que por sus conducta los trabajadores sean afectados.

La imagen de los líderes sindicales, igual que la de los políticos y los policías, está severamente deteriorada. Pero ni todos son pillos, ni los que los acusan sin todos inocentes. La mayoría, incluso, tienen u a auténtica preocupación por mejorar las condiciones de vida de sus representados.

El sindicalismo fuerte, combativo y propositivo, fue sustituido por la  ostentación, el derroche, la corrupción, desafortunadamente...

AGENDA

El gobierno de Francois Hollande, ignoró las manifestaciones populares contra la polémica ley laboral y decidió eludir al parlamento e imponerla por decreto. Esta reforma, considerada como el último proyecto importante  del actual mandatario francés, ha desatado las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia hace cuatro años.

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