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Del ABC Político

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*Por “Tantito” Ignorar la Ley, no se les Debe Sancionar

*Patente Para la Impunidad; el TEPJF no Define Criterio

*Choque con el INE que Lesiona la Confianza Ciudadana

POR GERARDO LAVALLE

A.- Clásico, popular y anónimo: qué tanto es tantito…

Y de ahí, p’al real.

Nada más políticamente correcto que aplicarle a los cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, argumentado que “la falta es menor” decidieron regresarles las candidaturas a los gobiernos de Zacatecas y Durango, a los aspirantes David Monreal, para Zacatecas y Guillermo Favela, para Durango.

Cuatro de seis votaron por hacerse de la vista gorda respecto de la violación a la ley. Dos abrieron los ojos y pidieron respetar la decisión del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza elaboró la ponencia “perdonavidas” y encontró eco en los magistrados Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos. María del Carmen Alanís y Flavio Galván votaron en contra.

El daño, sin embargo, está hecho.

Todo, porque “qué tanto es tantito…”

Usted recordará que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral consideró que el no presentar en tiempo y forma los gastos de precampaña, como lo marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), era causa de la pérdida del registro.

El Consejo General del INE, cuyo presidente Lorenzo Córdova Vianello, no se anda por las ramas, analizó y sin matices la violación a la legislación. Y decidió, por mayoría, que la ley debía y tenía que aplicarse.

Y se aplicó.

Vino la reacción del Mesías Tropicalón y amenazó con “retirar a todos los candidatos de Morena de todas las elecciones”.

Desde la dirección de Morena se impugnó la decisión del INE.

Con razón o sin ella, conforme a derecho.

Entrados en gastos y con la premura del tiempo para resolver el caso –recuerde que si se realizan las elecciones es tema juzgado y no retroactividad-, los magistrados se pusieron a trabajar a marchas forzadas para resolverlo en tiempo récord.

La lógica jurídica conducía a una decisión que respaldara la tomada por los consejeros electorales.

Pero para sorpresa de todos, de propios y extraños, fue negativa.

Y como las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables, se aplica otro dicho: “A palo dado ni Dios lo quita”.

¿A dónde nos lleva la decisión de cuatro de los adalides de la democracia?

¡A la impunidad!

Perder el respeto a la ley, porque no pasa nada, se llama impunidad.

Y mire, en lo personal, nada tengo contra los candidatos de Morena. Son políticos que quieren gobernar sus estados y se encuentran en todo su derecho. En la aplicación de la ley sí estoy en contra de violarla y que después no pase nada.

Se sientan precedentes que pueden viciar las elecciones.

Ya lo vimos con el rechazo que hicieran los mismos magistrados a la sanción del INE a Andrés Manuel López por el contenido de sus spots. Los consejeros analizaron el contenido y determinaron que no se usaban los tiempos para promover al partido ni a sus candidatos sino para atacar de manera personal al Ejecutivo federal.

Los razonamientos de los consejeros, de la mayoría porque nunca falta el que lleve la contra para hacerse notar, tenían plena validez conforme a la Legipe.

¡Ah!, pero los señores magistrados decidieron que se les “pasó la mano” y, prácticamente determinaron que era un ataque a la libertad de expresión.

B.- Conocido el fallo de los cuatro adalides de la democracia, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó la advertencia: se está abriendo una puerta peligrosa para legitimar que los candidatos oculten los recursos.

En un comunicado, el consejero electoral establece que “se trata de una decisión preocupante, no en términos políticos, sino en sus efectos jurídicos del mediano y largo plazos porque creo que si se abre la puerta a que no se presente la información a que están obligados los actores políticos, dentro de los plazos previstos en la ley, en los hechos estaremos desmontando el modelo de fiscalización y de rendición de cuentas que contiene nuestro marco legal y que quiere evitar la opacidad, que quiere hacer de la actividad política una actividad transparente”.

Y otro consejero, Marco Antonio Baños estimó que la decisión del TEPJF “pone en riesgo la fiscalización de las precampañas”.

¿A qué nos conducen estas posiciones?

A darle patente de impunidad a todos aquellos que violen la ley.

Y no por culpa de los consejeros del INE, que en ocasiones también se exceden, sino por la irresponsabilidad de cuatro de los adalides de la democracia.

Si entre los dos órganos garantes de la Constitucionalidad en material electoral no hay acuerdo en elecciones estatales, habrá que pensar lo que ocurrirá en las presidenciales.

¿Cuál debe ser el criterio?

Algunos dirán que el respeto irrestricto a la ley.

Otros argumentarán que la ley se debe interpretar.

Y unos más estarán por desaparecer a los dos organismos.

El último es extremo.

Sin embargo, entre el primero y el segundo tendrá que encontrarse el punto medio que impida el choque del TEPJF y el INE.

Porque si al INE se le rechazan todas las sanciones con argumento baladíes como el de qué tanto es tantito, la capacidad de decisión le será mermada.

No habrá para dónde hacerse.

Habría que revisar si los señores magistrados que aprobaron este rechazo a la sanción del INE no juzgaron desde la óptica política y abandonaron la jurídica que otorga certeza e imparcialidad.

C.- El tema de los desacuerdos entre los once consejeros del INE y los siete –sigue faltando uno y ahora hay pares y se borraron los nones para las decisiones- adalides de la democracia no terminan con esta decisión.

Los partidos políticos se quejan amargamente de la dureza en las sentencias del TEPJF. Por ejemplo, el Verde anuncia que irá a la Corte Interamericana porque se le está juzgando dos veces por el mismo probable ilícito.

Los dirigentes de los partidos aceptan, porque no les queda de otra, las decisiones de los adalides de la democracia, pero advierten favoritismos.

La sociedad no alcanza a discernir cuáles argumentos son válidos jurídicamente para la toma de decisiones en materia electoral y cuáles tienen el tufo de la politización.

Serán catorce elecciones las que se realicen el domingo 5 de junio. Miles de candidatos buscan un cargo de elección popular. Nueve partidos con registro nacional están en la jugada más otro tanto de locales.

Con el fallo a favor de Monreal y Favela ¿los chicos podrían a tener una similar cuando impugnen una elección?

Personalmente creo que los magistrados, que están por terminar sus gestiones, están jugando con la democracia.

Y la están poniendo en peligro. La sobrerregulación en materia electoral no ha funcionado. No hasta ahora.

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