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Una Nueva Ley de Seguridad

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JORGE REYES PASTRANA*

-“Los crímenes son cometidos por la falta de cultura, por la mala educación y por la viciosa organización del Estado”

-Platón

El pasado 13 de octubre la Legislatura Mexiquense aprobó la nueva Ley de Seguridad del Estado de México, con base en un dictamen formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública a la iniciativa de decreto que presentó el gobernador Eruviel Ávila Villegas y que se complementó con las iniciativas de decreto que presentaron Enrique Peña Nieto cuando ocupaba la titularidad del Ejecutivo Estatal, los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia y los ciudadanos José Luis Gutiérrez Cureño, Leopoldo García Pichardo, Rigoberto Acevedo Leyva, Enrique de la Rosa, Peter Homberg Lehman, Luis Alfonso Guerrero Vázquez y Mario Mocín Leyva.

 

El ordenamiento que abroga la Ley de Seguridad Pública Preventiva del 9 de marzo de 1999 tiene por objeto “normar la distribución de competencias en materia de seguridad pública que realizan el Estado y los municipios”; “establecer las bases de coordinación del Estado y los municipios con la Federación, el Distrito Federal, los estados y sus municipios”; “integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez contribuirá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública”; “desarrollar las bases mínimas a que deben sujetarse las instituciones de seguridad pública”; y “contribuir a la construcción de las bases para una plena seguridad ciudadana”.

En su primer título referente a las disposiciones generales además de presentarse los objetivos antes señalados se establece la definición constitucional de seguridad pública y sus fines, un glosario de términos, la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y el Distrito Federal, el reconocimiento de la función auxiliar de los prestadores de servicios de seguridad privada con la seguridad pública y la aplicación supletoria de la Ley General y de los lineamientos generales y específicos dictados por los consejos Nacional o Estatal de Seguridad Pública.

En su segundo título referente a las autoridades competentes en materia de seguridad pública se establecen las atribuciones del gobernador del Estado, del secretario general de Gobierno, del secretario de Seguridad Ciudadana que próximamente será nombrado, del procurador general de Justicia y de las autoridades municipales integradas por los ayuntamientos, los presidentes municipales, los directores de seguridad pública municipal y los miembros de los cuerpos de policía preventiva de seguridad pública.

En su tercer capítulo referente al Sistema Estatal de Seguridad Pública se establecieron el objeto y las atribuciones de sus integrantes que son el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y los consejos intermunicipales, regionales y municipales de seguridad pública; creándose un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como órgano autónomo de consulta, análisis y opinión de dicho Sistema. Se establece que del Secretariado Ejecutivo dependerán el Centro de Prevención del Delito y el Centro de Información y Estadística que deberá establecer, administrar y resguardar las bases de datos de información criminal, de información penitenciaria, del personal de las instituciones de seguridad pública, del registro de armamento y equipo, del registro administrativo de detenciones y las demás que sean susceptibles de crearse.

En el cuarto título referente al Programa Estatal de Seguridad Pública se establecen los caracteres que deberá contener dicho Programa y quiénes participan en su integración, en su forma de revisión e implementación. Se precisa que el Programa y sus revisiones se publicarán en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y que “el gobernador del Estado incluirá en su informe anual a la Legislatura del Estado de México los avances y los resultados de la implementación y ejecución del Programa Estatal”.

En el quinto título referente a las disposiciones comunes a las instituciones de seguridad pública se destinan capítulos sobre los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, los sistemas de seguridad social y reconocimientos y la certificación. Se incorpora la obligación de los aspirantes a ingresar “a las instituciones de seguridad pública de contar con el certificado y registro correspondientes”, así como “la obligación de los servidores públicos de someterse a procesos de evaluación periódicos”.

En el sexto título referente al servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia se establecen capítulos sobre las disposiciones generales, el ingreso al servicio de carrera, el desarrollo del servicio de carrera, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial, la terminación del servicio de carrera y la profesionalización.

En el séptimo título referente al desarrollo policial se establecen capítulos sobre las bases de la carrera policial, la selección, ingreso y permanencia de los elementos de las instituciones policiales, la promoción de los elementos de las instituciones policiales, la conclusión del servicio de los elementos de instituciones policiales, la Comisión de Honor y Justicia, el procedimiento para sancionar a los integrantes de las instituciones policiales, el régimen disciplinario y la mediación policial cuando se presente un conflicto.

En el octavo título referente a la administración de los fondos de ayuda federal remite a las disposiciones legales aplicables la asignación de dichos fondos y “establece obligaciones a cargo de las autoridades estatales y municipales, respecto al manejo de los recursos y de rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional”.

En el noveno y último capítulo se establecen sanciones para el servidor público que de manera dolosa se abstenga de proporcionar la información a que está obligado, que haga mal uso de la información disponible en las bases de datos, que registre en dichas bases a personal que no cuente con la certificación exigible por la ley, que falsifique certificados y que dañe, altere, sustraiga, extravíe o entregue a un tercero los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.

* Politólogo.

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