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En la Mira del Crimen: Curas, Periodistas y Ombudsman

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*México en los Primeros Lugares… Desgraciadamente

*Las Víctimas Recientes: dos Sacerdotes en Guerrero

*El Llamado a los Gobernadores Hecho por la CNDH

Por Nidia Marín

Nadie se salva. En la ola criminal que envuelve al país, no hay profesión u oficio que tenga salvoconducto. Unas horas antes del día que era investido como Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, en la Catedral Metropolitana desde Guerrero llegaban las amargas noticias del asesinato (o ajusticiamiento) de dos sacerdotes más en Guerrero.

 

Ellos se trasladaban desde Juliantla (de donde era originario el compositor Joan Sebastian). Cuando circulaban por la carretera federal Acapulco-Taxco fueron atacados. ¿Sus nombres? Germaín Muñiz García, de 39 años, originario de Mártir de Cuilapan; así como Iván Añorve Jaimes, de 37 años, oriundo de Acapulco. Son los primeros eclesiásticos en ser muertos en 2018.

El año pasado fueron cuatro los curas asesinados, de acuerdo al Centro Católico Multimedial: Joaquín Hernández Sifuentes de la diócesis de Saltillo, a quien mataron en enero; Felipe Altamirano Carrillo, presbítero de la Prelatura del Nayar victimado en marzo; José Miguel Machorro Alcalá, presbítero de la diócesis de Papantla (Veracruz) y quien ejercía su ministerio en la Arquidiócesis Primada de México y murió casi dos meses después al sufrir un atentado en la Catedral Metropolitana, “y finalmente, el anciano presbítero de la diócesis de Nezahualcóyotl, Luis López Villa, torturado y asesinado brutalmente en julio, en lo que se presume fue un robo con todas las agravantes al interior de su casa”.

Este tipo de crímenes viene de lejos. En 30 años suman 53 los crímenes, con rangos desde cardenal (uno), sacerdotes (47), diáconos (uno) y frailes (cuatro).

Y en lo que va del sexenio son 21 los homicidios en contra sacerdotes, además de dos presbíteros desaparecidos.

Los estados que han sido considerados los más peligrosos para ejercer el sacerdocio son: Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Durango, Guanajuato, Colima, Baja California y Puebla. Sin embargo, el cetro de los más riesgosos se lo llevan Guerrero y la Ciudad de México.

Esto ya parece epidemia en América Latina porque, de acuerdo a las estadísticas, los primeros lugares se ubican en México, seguido de Colombia (dos), después, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina y Haití, con uno cada país.

En México, los sacerdotes viven la violencia de los homicidas, sean del crimen organizado, común o del narcotráfico, de la misma manera que los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

2017 fue un año de los más crueles para los trabajadores de los medios de comunicación. Murieron 12: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximinio Rodríguez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera, Luciano Rivera, Cándido Ríos, Edgar Daniel Esqueda y Gumaro Pérez.

En cuanto a los defensores de los derechos humanos sumaron cinco el año pasado, aunque hay quienes señalan que la cifra sobrepasa los cien.

Apenas el 25 de enero pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado junto con los Ombudpersons en el cual demandan la apertura de los gobernadores de las entidades federativas, así como del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la crítica, el reconocimiento en la práctica de la legitimidad de los defensores de los derechos fundamentales y el establecimiento de una agenda común en la materia.

El titular de la CNDH, Raúl González Pérez, tras reprobar el artero homicidio del Ombudsman de Baja California, Silvestre de la Toba Camacho, expresó que no se debe confundir a la sociedad “con afirmaciones falaces, como el señalamiento de que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello las violaciones de los derechos fundamentales”.

Y les solicitó realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, así como para respetar sus derechos en el ejercicio de sus actividades, para sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos.

En esas estamos.

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